El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, tal y como anunció ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control al Ejecutivo murciano. Se trata de la tercera Ley de Simplificación Administrativa y permitirá que las empresas nacionales puedan instalarse en la Región sin necesidad de adaptar sus licencias al territorio murciano.

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la seña de identidad de esta nueva normativa es la libertad económica y, en este caso, es la "libertad de mercado" la que garantizará la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Región para atraer empresas de toda España. De esta forma, se establece la igualdad de derechos para las empresas, otorgando plena eficacia a las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas en cualquier parte del territorio nacional. También se garantiza la libre circulación de productos legalmente producidos en el territorio español.

Cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del PGOU

Uno de los puntos más polémicos del decreto-ley es la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental en proyectos excepcionales según ley del Estado. Además, se reforma la regulación de las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), aumentando competencias, adaptando su régimen sancionador y suprimiendo la obligación de presentar memoria anual y la comunicación previa al inicio de una actividad. Por último, en esta materia, se exime de la obligación de presentar la Declaración Anual de Medioambiente a las empresas sujetas al reglamento de emisiones E-PRTR.

Tamibién ha llamado la atención el desarrollo de esta nueva ley en materia de ordenación del territorio, ya que, cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del plan general de ordenación urbana. Según ha explicado Miguélez, se trata de evitar que se alarguen los procesos burocráticos que requieren que la solicitud de informes se haga por orden: "Hasta que no se cierra uno, no se puede pedir otro. Con esta ley se podrán pedir los expedientes de manera simultánea".

Se elimina de forma expresa la necesidad de licencia de obras previa para instalaciones de autoconsumo

Además, se elimina de forma expresa la necesidad de licencia de obras previa para instalaciones de autoconsumo, y, en materia de carreteras, se introducen modificaciones que agilizan la tramitación de expedientes.

Estas "modificaciones puntuales" en la normativa de territorio, de carreteras, energía y medioambiental tienen la finalidad, según el Gobierno regional, de "avanzar en agilidad, eliminar disfunciones, solapamientos y duplicidades, y operar como elemento catalizador de nuevas inversiones productivas".

Medidas destacables

El texto se estructura en tres grandes bloques. Además, del de la libertad de mercado, explicado anteriormente, figura la dinamización de inversiones empresariales a partir de la simplificación, la digitalización, el fomento del incremento del tamaño de las empresas y una actualización de la regulación de la normativa de los Proyectos Estratégicos y la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), que impulse la llegada de nuevas empresas a la Región.

Y, por otra parte, recoge la eficiencia pública como pieza imprescindible para blindar la recuperación económica en la Región.

Las entidades certificadas tendrán más facilidades en el acceso a ayudas financiadas con fondos públicos regionales si tienen más de 10 trabajadores

Entre las medidas más destacables del decreto-ley, se fija un plazo de tres meses para la emisión de informes preceptivos y resoluciones sectoriales que afecten a la implantación de una iniciativa empresarial. Y si se emite fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta. También se regula que los informes tienen que ser claros, concretos y tienen que determinar inequívocamente si son favorables o no. Asimismo, se recoge que, en caso de la no emisión en plazo de un informe, continúa la tramitación para la implantación de la iniciativa empresarial (excepto normativa estatal en contra).

Por otro lado, la norma avanza en la digitalización en el tejido productivo. Así, este decreto ley crea una certificación oficial de calidad digital que reconoce a todas aquellas empresas o autónomos que han hecho un esfuerzo por digitalizarse. Se establece que las entidades certificadas tendrán más facilidades en el acceso a ayudas financiadas con fondos públicos regionales si tienen más de 10 trabajadores.

El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, y la portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez. CARM

En materia de financiación, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, adelantó la creación de un ‘Fondo Capital Semilla’, destinado a las pymes con un modelo de negocio tecnológico escalable a nivel internacional.

El decreto también ofrece ciertos privilegios en el acceso a subvenciones y ayudas en función del tamaño de la empresa. En este sentido, se prevé mayor puntuación en los criterios de baremación de ayudas que incentiven la inversión empresarial a empresas de más de 50 trabajadores.

Creación de organismos, nuevos servicios y gestión sostenible

Agencia Digital - Labores de ciberseguridad

El decreto ley establece la creación de la Agencia Digital para centralizar la detección de necesidades, planificación y ejecución de los servicios de carácter digital. Centrará su atención a las labores de ciberseguridad, tanto de la Administración pública regional como de las entidades locales.

ICREF - Rediseño de competencias

La nueva norma regula las competencias del Instituto de Crédito y Finanzas en materia de sostenibilidad financiera y colaboración público-privada, a través del rediseño de sus competencias. Ahora ofrecerá un servicio de interlocución única con la Oficina Nacional de Evaluación.

AHORRO - Racionalización del gasto

El proyecto de Ley establece la obligación de que todas las entidades y órganos de la Administración regional promuevan de forma efectiva el ahorro, la racionalización y la gestión optimizada y sostenible. En el primer semestre de cada legislatura habrá que realizar un Plan de Racionalización del Gasto con actuaciones específicas.

Función pública

En el ámbito de la Función Pública, cabe resaltar que el texto da entrada a la creación de unidades transitorias de apoyo a la gestión, así como a puestos de trabajo de carácter temporal, para la realización de determinadas actuaciones cuya duración no podrá ser superior a tres años. 

También se fija que se puedan establecer puestos de trabajo de naturaleza temporal para facilitar el relevo generacional y evitar la pérdida de conocimiento crítico en la Administración regional por la jubilación de empleados públicos.

La norma posibilita que las entidades locales murcianas puedan seleccionar a su personal temporal acudiendo a las listas de espera o relaciones de aspirantes seleccionados mediante procedimientos extraordinarios en la Administración regional, sin que la renuncia al puesto ofrecido suponga la exclusión de la lista de espera correspondiente.