Los exconcejales de Puerto Lumbreras que han declarado este martes como testigos en el caso Auditorio, en el que figura como acusado el exalcalde de esa localidad y expresidente murciano del PP, Pedro Antonio Sánchez, han señalado que nunca aprobaron ningún proyecto si no contaba con el informe favorable de los técnicos.

Esta nueva sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia ha estado marcada también por la falta de precisión de muchos de los testimonios vertidos, que los exconcejales han atribuido a que este caso de presunta corrupción comenzó hace 16 años, por lo que no pueden retener en su memoria lo que pasó "hace tanto tiempo".

El primero en declarar ha sido José María Párraga, quien ha manifestado que apoyó la construcción del auditorio "porque era bueno para el pueblo", sin opinar sobre las vicisitudes sufridas por el proyecto porque no es técnico en esas materias.

Aunque sin poder precisar detalles, ha añadido que no recordaba lo relativo al proyecto modificado, "aunque siempre confió en los técnicos", para añadir que en todo momento confió en la terminación de las obras.

La que fuera edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Dolores Arenas, ha manifestado que la construcción de aquel edificio cultural no era nada nuevo para ella, ya que figuraba en el programa electoral.

Según ella, la obra está terminada, ya que incluso fue usada provisionalmente por los alumnos del conservatorio de música de Lorca tras los terremotos sufridos por esta ciudad en 2011, y si no se ha utilizado más "es porque el PSOE lo denunciaba cada vez" que lo intentaba el equipo de Gobierno local.

La exconcejal de Cultura Matilde García tampoco ha sabido contestar a muchas de las preguntas de las partes porque según sus palabras en los años en los que se tramitó el proyecto y su modificado estaba muy afectada por la enfermedad de su esposo y podía dedicar poco tiempo a las actividades municipales.

Isabel García, que fue concejal de Educación, Cultura y Fiestas, ha manifestado que como miembro del jurado encargado de fallar el concurso de proyectos convocado por el ayuntamiento para el auditorio, votó al que resultó ganador porque le pareció el mejor, y que siempre se conservó el anonimato de los tres aspirantes.

Otro de los testigos ha sido el secretario-interventor del consistorio entre 2010 y 2012, Juan Antonio Morales, quien ha señalado que cuando se aprobó el proyecto modificado, que la Fiscalía considera un acto prevaricador, se encontraba de vacaciones, pero que tras reincorporarse a su puesto comprobó que nadie, incluida la oposición, había recurrido el acuerdo.

También ha comentado que aunque normalmente se suele acudir al proyecto modificado para terminar las obras, también es normal que se utilice cuando, como ocurrió en este caso, surgen circunstancias sobrevenidas.

Penas

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama para Sánchez diez años y un día de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación continuada y dos años y medio de cárcel por otro de fraude y prevaricación.

Los otros acusados son el arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga; la exsecretaria general del ayuntamiento Caridad García y el constructor Vicente Gimeno.

La vista oral, que se inició el pasado 27 de septiembre, continuará el 25 de octubre con la declaración de nuevos testigos.