Fue durante el Debate sobre el Estado de la Región, en junio, cuando el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, adelantó que su Gobierno preparaba una Ley de Autonomía Financiera, como la aprobada por su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la armonización tributaria. Pues bien, ayer, el Grupo Parlamentario Popular registraba en la Asamblea Regional la proposición de ley en defensa de la citada autonomía financiera. Y no solo eso, solicitó a la Mesa de la cámara murciana que su tramitación sea por «sistema de debate a término fijo, con finalización el 14 de diciembre», por lo que, si no cambian las mayorías, la nueva norma podría ser una realidad antes de Navidad.
Los populares se apoyan en el artículo 156.1 de la Constitución y en el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de la Región para defender en la exposición de motivos que las Comunidades «disponen de autonomía financiera para poder elegir sus objetivos políticos, administrativos, sociales y económicos, lo que les permite ejercer sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión sus propias competencias».
Entienden que «cualquier cambio que afecte a la corresponsabilidad fiscal de las comunidades», como podría ser un intento de armonización fiscal por parte de Moncloa, «tendría un impacto especialmente negativo» en aquellos territorios infrafinanciados, como es el caso murciano.
Además, y frente a la tesis de los partidos de izquierda que defienden no bajar impuestos para poder mantener los servicios públicos, el Grupo Popular asegura que «restringir la autonomía fiscal» tendría como consecuencia que la Región no pudiera «uno de los pocos mecanismos a su disposición para [...] reforzar el Estado del Bienestar».
Para la defensa de este derecho, la proposición de ley aboga por utilizar los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico «nacional, europeo e internacional».
En concreto, se dice que esta potestad normativa «no podrá modificarse mediante la adopción de medidas legislativas [...] que supongan una anulación o reducción de la capacidad reconocida.
La prohibición de una bonificación casi total del impuesto de Sucesiones y Donaciones podría ir en contra, según reza esta proposición de ley, de la autonomía financiera de la Región.
La diputada regional del Partido Popular, Miriam Guardiola, aseguró ayer que esta ley «será el dique de contención frente a los abusos fiscales de Sánchez».
La portavoz del PP murciano señaló que, para el Tribunal Constitucional, la autonomía financiera constituye un «instrumento indispensable para la consecución de su autonomía política».
Con esta ley, incidió, «frenaremos las políticas de Sánchez, que ha subido 26 impuestos a los españoles y ha recaudado, solo en lo que va de año, 22.000 millones extra, para poder mantener abierto el Gobierno más caro e inútil de la historia».
Reacción del PSOE
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Alfonso Martínez Baños, criticó «el modelo que propone el PP, idéntico al que proponía Reino Unido y que ya hemos visto su fracaso estrepitoso». Apuntó a la bajada del impuesto de patrimonio, que también se plantea el Gobierno regional, y que «tan solo pagan 3.000 personas».
Sin embargo, según Martínez Baños, «el Gobierno de España pretende proteger a la clase media trabajadora, especialmente a las familias más vulnerables».
«La ley de autonomía financiera del PP es un brindis al sol, uno más de los que nos hace el Gobierno regional. Le diría a López Miras y a su consejero de Hacienda que, en lugar de hacer leyes inservibles para el desarrollo de la Comunidad, que se preocupe de controlar el déficit de las cuentas públicas. La Región es la única que tuvo déficit en 2021 de todas las comunidades autónomas», destacó Alfonso Martínez Baños.
