La Red Estatal de Oficinas y Agencias Antifraude ha pedido mejorar el Proyecto de Ley reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Durante el Congreso Internacional de Transparencia, que culminó ayer su séptima edición en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCTD), esta institución señaló que este proyecto debería «concretar las medidas de protección frente a represalias» y «ofrecer mayores garantías de independencia del canal interno».
En la última jornada del evento, la Red realizó una declaración institucional, en la que subrayó la necesidad de aunar esfuerzos de forma coordinada en la lucha contra la corrupción.
En la Región de Murcia no existe ningún protocolo para proteger a los denunciantes de corrupción. No obstante, fuentes de la Consejería de Transparencia señalaron ayer a esta Redacción que se está esperando a la aprobación de la ley estatal sobre la que se procedería a trabajar desde la Comunidad.
Tras la declaración institucional, se celebró una sesión sobre la regulación de protección de denunciantes de corrupción (whistleblowers), moderada por Carlos Granados, director de la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid. En ella participaron Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, Tòfol Milán, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de les Illes Balears, y Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
Por la tarde, en la conferencia de clausura, participó el ingeniero y activista tecnológico Jaime Gómez Obregón. En su cuenta de Twitter, que tiene más de 90.000 seguidores, denuncia la opacidad de las instituciones con los datos abiertos y promueve la cultura de la transparencia. En la conferencia, ofreció diez propuestas para avanzar en la transparencia y luchar contra la corrupción en los contratos públicos. Según avanzó, son ideas concretas y viables «para mejorar el país» y «reconciliar a la ciudadanía con sus administradores».
La clausura contó con la intervención del presidente suplente del titular del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, Santiago Álvarez Carreño, la presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Virginia Pérez Alonso, el codirector del congreso, Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
A lo largo de la mañana de la última jornada se celebraron, además, una sesión abierta de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación de la FEMP, un seminario sobre el IV Plan de Gobierno Abierto de España. Por la tarde, se celebraron los últimos grupos de trabajo, que trataron cuestiones como la desinformación, los derechos humanos, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, los lobbies, los partidos políticos y la calidad democrática.
Éxito de edición
Desde la UPCT informaron de que este Congreso han participado más de 700 personas, inscritas de 20 países diferentes, entre los que destacan México, Brasil y Chile. Además, ha contado con más de 150 comunicaciones y ponencias presentadas en más de 20 grupos de trabajo. El CIT se ha convertido en un espacio para el intercambio de ideas y experiencias desde el plano académico, profesional, político y social.
El CTRM rinde cuentas: más de 800 resoluciones
El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) puso ayer a disposición de todos los ciudadanos para su descarga, de forma totalmente gratuita, la obra ‘El derecho de acceso a la información púbica en la Región de Murcia’, una rendición de cuentas del trabajo realizado por la institución en el cumplimiento de su principal función: la revisión de la actuación administrativa ante las peticiones de información de los particulares. Esta doctrina generada se refleja en las más de ochocientas resoluciones que ha dictado el Consejo. Este trabajo ha corrido a cargo de los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot Reina y Concepción Barrero Rodríguez. En el mismo prólogo de la obra se manifiesta que «es oportuno hacer ya memoria y recopilar la labor realizada por el CTRM ahora que esta naciente institución se ve amenazada en su misma existencia y, pasado un aparente impulso inicial se ve sometida a obstáculos y estrecheces que ponen en peligro la garantía del derecho de acceso a la información pública que constituye su principal misión».
