La Comunidad Autónoma ha logrado frenar el aumento de la deuda por primera vez desde que la crisis financiera de 2008 empezó a secar los ingresos y a generar un déficit que ha elevado los créditos bancarios hasta los 11.587 millones de euros al terminar el segundo trimestre del año, según los datos facilitados este viernes por el Banco de España. Sin embargo, entre los meses de abril y junio el endeudamiento de la Administración regional solo ha crecido en 74 millones de euros, cuando en el primer trimestre había sumado 554.

La Región sigue siendo la cuarta comunidad autónoma más endeudada en relación al PIB, con el 34,2%, que apenas supone una rebaja de siete décimas respecto al trimestre anterior, según ha precisado la Consejería de Hacienda. En el último año el porcentaje en relación al PIB se ha incrementado en una décima.

Al terminar el primer trimestre la Región debía 11.513 millones de euros, cuando había terminado el año 2021 con 10.959 millones. Tras este repunte de 554 millones entre enero y marzo, la Comunidad ha logrado sumar solo 74 millones al endeudamiento en el segundo trimestre.

La contención coincide con la escalada de la inflación, que ha permitido a la Administración regional aumentar la recaudación tributaria, sobre todo del IVA y de los impuestos indirectos vinculados al consumo.

Si los 11.587 millones que debe la Administración regional se repartieran entre los murcianos cada uno tocaría a 7.724 euros.

La Consejería de Hacienda ha eludido precisar los motivos por los que se ha frenado la deuda, aunque responde que «mientras no cambie el actual sistema de financiación autonómica que lleva castigando a la Región de Murcia más de una década, será imposible reducirla». Hacienda sostiene que la Comunidad ha dejado de recibir «una media de 650 millones de euros anuales durante los últimos 10 años debido al sistema de financiación autonómica» y que «el 80% del incremento se debe a «este injusto sistema de financiación autonómica. Un murciano recibe 2.346 euros para la sanidad, la educación y los servicios sociales, muy lejos de los 3.001 euros por habitante de Cantabria», defiende.