La Opinión de Murcia

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Agricultura

Incentivos extra con la PAC a los agricultores murcianos para evitar las quemas agrícolas

La ministra Ribera señala que son las comunidades quienes deben regular las autorizaciones en caso de plagas

Los propietarios de parcelas agrícolas señalan que los caminos de Ricote no permiten la entrada de maquinaria. L.O.

Cobrar por enterrar las podas agrícolas. Los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica han movido ficha en las últimas horas ante la problemática de las quemas agrícolas. Tras la aprobación de la nueva Ley de Residuos que prohíbe tajantemente esta práctica por razones sanitarias y ambientales, comunidades como la Región de Murcia han solicitado un marco común en materia de sanidad vegetal que aclare la aplicación de dicha norma, qué tipo de autorizaciones individuales se deben dar en caso de riesgo fitosanitario (única excepción que se permite para incinerar) y definir un listado de plagas cuya eliminación no tendría más alternativa que el fuego.

El ministro Luis Planas ha avanzado que su departamento está trabajando en una «modificación legal» de la Ley para dar una solución a los agricultores afectados que no pueden hacer frente al triturado de podas por la inversión que conlleva o por una imposibilidad logística. A esto, el titular de Agricultura ha propuesto como solución enterrar los restos vegetales, una práctica que cumpliría con los ‘requisitos verdes’ de la PAC (eco-regímenes) y permitiría un «cobro complementario» dentro de la línea de financiación europea.

Esta iniciativa, para el ministro, «es compatible con el medio ambiente», lograría «cerrar el problema» de la acumulación de podas y sacar un beneficio económico extra por parte de agricultores como los de Murcia, que desde antes del verano tienen prohibido quemar los restos vegetales, incluso si existe un riesgo fitosanitarios. La Consejería de Medio Ambiente sufrió un duro golpe judicial del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que anuló la orden regional que regulaba las quemas agrícolas.

A partir de ese momento, la Comunidad optó por no otorgar más autorizaciones a los agricultores hasta que el Gobierno central no desarrollara la recién estrenada normativa estatal en cuanto a la gestión de estos residuos. Sin embargo, la ministra Teresa Ribera, que reconoce que la Ley tiene excepciones como el riesgo de plagas, aclara que esta debe ser «desarrollada por parte de las autonomías» y no del Estado. La titular de Transición Ecológica ha reconocido que sería «bueno trabajar para encontrar soluciones concretas a este asunto», pero siempre teniendo en cuenta que estas prácticas deben «conciliarse con otras necesidades de interés público» como la «prevención de incendios» o «aspectos de salud y calidad del aire», así como con el «impulso de la economía circular».

La agricultura de Ricote pide solución ante la imposibilidad de usar maquinaria

Agricultura de terraza, pequeñas parcelas, caminos inaccesibles para máquinas o vehículos... La particularidad de la huerta de Ricote impide, según el criterio de los terratenientes, el uso de trituradoras para eliminar los restos vegetales de plantaciones como los cítricos, cultivo predominante en la zona.

José María García Avilés, exconcejal de Agricultura del Ayuntamiento de Ricote e investigador de la Universidad de Alicante, define la situación en la milenaria huerta de Ricote como «límite». Ante el peligro de la subida de los costes de producción y el eterno problema del relevo generacional, reclama una solución que pase por permitir la incineración de estos restos leñosos en una zona agrícola tan «condicionada» por el terreno.

Argumenta que la contaminación es superior en el empleo de trituradoras o motosierra (calcula 2,6 kilos de dióxido de carbono por litro de diesel) que en la quema de los restos vegetales. «Necesitamos medidas de excepción que nos permitan seguir cultivando», subraya García Avilés, quien remarca la imposibilidad de acceder con maquinaria a las parcelas de terraza, en las cuales llegan a haber escaleras para acceder a ellas. «Nuestra alternativa a esta situación es dejar que la huerta se pierda.

Una medida como la prohibición de quemas no puede tener carácter general». El municipio de Ricote abarca 2.400 parcelas en 180 hectáreas de terreno, ocupadas por 600 propietarios agrarios. Este agricultor agrega que el regadío tradicional de este pueblo es uno de los más modernos de la Región, a lo que se sumará dentro de poco la impulsión del agua gracias a la energía fotovoltaica.

A su juicio, las administraciones se han de encontrar en este espacio dado que la tramitación de la norma «ha durado varios años» y ha contado con «el respaldo prácticamente unánime por parte de las comunidades autónomas», que «tienen competencia en algunos de estos preceptos».

En este sentido, ha reconocido que les toca ahora «trabajar en ciertas directrices» y ha señalado que hay que «pensar en cómo ofrecer mejor información al sector agrario silvícola», tratar sobre una «mayor inversión en medios materiales» o en «cómo habilitar puntos limpios de residuos vegetales», entre otras medidas.

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