El proceso judicial contra el cártel de los coches ha arrancado este martes en la Región con las primeras comparecencias ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 previas a la celebración de los juicios. Irene Abellán, letrada del bufete Coliseo de Murcia, asegura que solo este despacho tiene en trámite unas 250 reclamaciones de consumidores murcianos que pagaron un sobreprecio por los vehículos que compraron entre 2006 y 2013. Su importe podrá alcanzar entre el 10% y el 15% del valor del vehículo en el momento de su compra. Se estima que la cuantía de la indemnización media rondará los 2.500 euros.
El número de demandas presentadas en la Región puede ascender en total a varios miles, ya que también organizaciones como Thader y Consumir han tramitado reclamaciones de consumidores que se compraron un vehículo durante el periodo en el que operó el cártel de los fabricantes que alcanzaron un acuerdo para cobrar de más a los compradores de los modelos que ponían en el mercado.
Los 25 fabricantes de automóviles que integran el cártel están acusados de compartir en secreto información comercial esencial para la fijación de precios.
Los compradores que pagaron de más por sus vehículos pudieron reclamar el sobreprecio abonado a los concesionarios una vez que el Tribunal Supremo avaló la resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el expediente S/0482/13 de Fabricantes de automóviles, que dio lugar a una sanción contra los implicados.
La colaboración de Seat, que aportó información sobre el funcionamiento del cártel a cambio de «la exención en el pago de la multa», según informó la Comisión de la Competencia, y las inspecciones llevadas a cabo en la sede de varias empresas permitieron conseguir «la documentación que prueba la conducta ilícita» a finales de julio de 2013.
La cuota de mercado conjunta de las marcas incluidas en el expediente sancionador «alcanza en torno al 91% de la distribución de automóviles en España», según el informe.
Las compañías que adoptaron el acuerdo dispusieron de información clasificada sobre la proyección estratégica de sus competidores y sus márgenes de negocio para controlar el mercado de distribución y la fijación de precios.
Con su sentencia el Supremo dio la razón a los clientes afectados y les abrió la puerta a reclamar el derecho a ser indemnizados.
Además, el Tribunal Europeo amplió el plazo de reclamación y estimó que en los países miembros de la UE más de 10 millones de vehículos vieron incrementado su precio a consecuencia del acuerdo entre los 25 fabricantes de automóviles que pactaron.
Según explicó Irene Abellán, en las comparecencias ante el Juzgado de lo Mercantil, que es el que está tramitando las reclamaciones, los demandantes y las marcas acusadas de aplicar un sobreprecio a sus vehículos están presentado informes periciales para avalar sus aspiraciones.
Los demandantes de la Región que han decidido acudir a los tribunales están aportando las pruebas que demuestran las cantidades abonadas.
La presentación de las facturas es uno de los primeros escollos con los que se encuentran los afectados, dado que la compra de vehículos por los que pagaron dinero de más se produjo entre 2006 y 2013, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de la Competencia, lo que dificulta su recuperación.
Irene Abellán indicó que entre las demandas presentadas durante las comparecencias celebradas este martes había reclamaciones de hasta 2.700 euros. La abogada destacó que los representantes de las marcas demandas que han comparecido «no están negando la pertenencia al cártel, lo que discuten es el porcentaje sobre el precio del vehículo que se establece como indemnización».
Prevé que el proceso judicial será rápido, ante la agilidad de los procedimientos.
