Los 37 ayuntamientos de la Región con más de 5.000 habitantes tienen 84 edificios en desuso, 25 de los cuales ni siquiera están inscritos en el Registro de la Propiedad, mientras que otros no aparecen en el inventario o en la contabilidad del patrimonio municipal, según se recoge en un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas. Mientras tanto, los consistorios tienen 31 locales alquilados para uso municipal, 16 de ellos sin justificar la necesitad del arrendamiento, en lugar de poner en uso sus propios inmuebles. El informe de fiscalización publicado este lunes en el BOE advierte de que el abandono del patrimonio municipal olvidado está originando inevitablemente un deterioro de las instalaciones fuera de uso, que supusieron un gasto superior a los 15 millones de euros,.
Hay, además, 30 proyectos de obras sin terminar repartidos en once municipios, que suman una inversión de 35,6 millones.
Algunos de los edificios de titularidad municipal que están vacíos proceden de donaciones a los ayuntamientos, aunque en otros casos han sido adquiridos por los consistorios con la pretensión de salvar inmuebles de valor histórico, como la Casa de Isaac Peral de Cartagena, que se acaban convirtiendo en proyectos fallidos.
Otros muchos fueron construidos antes de la burbuja inmobiliaria, cuando los ayuntamientos de la Región se permitían gastar a manos llenas en iniciativas faraónicas, que después no han podido mantener.
El abandono llega hasta el punto de que el 30% de los inmuebles olvidados por los consistorios «no se encontraba inscrito en el Registro de la Propiedad a la finalización del periodo fiscalizado». Se trata de 25 locales pertenecientes a doce ayuntamientos. Así, Caravaca de la Cruz no había registrado ninguno de los cinco inmuebles antes de que finalizara el periodo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas (2019), mientras que Cehegín no había inscrito cinco de sus trece propiedades.
No constaban tampoco las inscripciones de tres de los ocho inmuebles sin uso de Mazarrón y de los dos de Abarán, Alcantarilla y Moratalla.
Asimismo, 50 inmuebles pertenecientes a trece consistorios tampoco están registrados en la contabilidad municipal.
Por otra parte, 14 de los 84 inmuebles sin uso no están incluidos en los inventarios de bienes de los ayuntamientos. Estas omisiones se deben en algunos casos «a la adquisición o construcción de los inmuebles con posterioridad a la elaboración del último inventario aprobado o actualizado, aunque el órgano fiscalizador de las instituciones públicas recuerda que «la totalidad de las entidades locales debe recoger todos sus bienes, derechos y obligaciones».
Añade que la normativa en vigor obliga a «establecer el balance de la entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su patrimonio, así como sus variaciones». Sin embargo, Alguazas, Ceutí y Moratalla no diponen de inventario de bienes aprobado.
Todos los ayuntamientos indican que tienen la posibilidad de usar algunos de sus inmuebles vacíos para llevar a cabo actividades que se desarrollan en locales arrendados. Por el contrario, el informe precisa que «en ningún caso se realizaron en las fases preparatorias de los contratos de arrendamiento los estudios suficientes para analizar si los inmuebles disponibles podrían destinarse a estas funciones ni se evaluaron los posibles costes de adaptación de los inmuebles existentes en relación con el precio de los alquileres para adoptar la decisión más eficiente».
Como ejemplos, se citan los casos de Yecla, que tiene alquilada un nave industrial de 1.644 metros cuadrados desde 2008 con un coste de 38.715 euros, mientras que disponía de un antiguo matadero sin uso con 1.567 metros cuadrados.
Por su parte, Cartagena destina «una nave arrendada de 807 metros cuadrados desde octubre de 2011 para almacenamiento de restos arqueológicos que cuesta 27.050 euros anuales. «Podría haber evaluado la posibilidad de utilizar el Centro de Conocimiento Digital o un local recibido en 2018 mediante donación en La Aljorra», se apunta en el informe.
Alcantarilla tenía alquilado desde 1991 un local de 153 metros cuadrados en el que se encontraba el Juzgado de Paz y el Registro Civil por 18.860. En ese caso se indica que «el Ayuntamiento podría haber valorado la posibilidad de adaptar el antiguo Archivo Municipal», se apunta.
Por otra parte, once ayuntamientos tienen 30 obras sin terminar. Cartagena, con 11, y Puerto Lumbres, con 6, son los que tienen el mayor número de proyectos paralizados. Tres aparecen en Los Alcázares y dos en Lorca y Totana. Con uno figuran Bullas, Caravaca de la Cruz, Lorquí, Moratalla, Murcia y Torre Pacheco. En total, el importe de los contratos para la ejecución de los 30 proyectos paralizados ascendió a 35,6 millones de euros. Diez de ellos excedieron el millón de euros. Fueron suspendidos por iniciativa de los ayuntamientos 15 de los 30 proyectos y en 20 casos la suspensión «es imputable a a los consistorios».
