El juicio contra el que fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y antes alcalde del municipio murciano de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, acusado en el conocido por 'caso Auditorio', comenzará este martes en la Audiencia Provincial y se prolongará hasta el 29 de noviembre, con un total de quince sesiones.
En la vista oral también serán juzgadas otras tres personas, entre ellas, el arquitecto al que Sánchez, presuntamente, adjudicó a dedo y sin cumplir con la normativa vigente la redacción del proyecto de construcción de la obra en 2005, cuando era alcalde de aquel municipio, y la que era secretaria del consistorio.
Según la programación del juicio, a la que ha tenido acceso Efe, las dos primeras jornadas, fijadas para el 27 de septiembre y el tres de octubre, estarán dedicadas al planteamiento de las cuestiones previas y al interrogatorio de los acusados, entre los que figura también el director general de la empresa a la que se adjudicaron los trabajos de construcción del auditorio.
Hasta el 21 de octubre pasarán por la sala de vistas más de cuarenta testigos, entre ellos, dos guardias civiles, mientras que las tres últimas sesiones, fijadas para los días 22, 28 y 29 de noviembre, estarán reservadas, las dos primeras, a las pruebas periciales, y la última, a las conclusiones e informes.
A lo largo de la vista oral se tratará de esclarecer si el entonces alcalde de Puerto Lumbreras pudo cometer, presuntamente, los delitos de prevaricación, fraude y fraude de subvenciones, por los que el fiscal reclama cuatro años y medio de prisión, multa de seis millones de euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 19 años.
Para el arquitecto, Martín Lejárraga, que figura como cooperador necesario en esos delitos, la fiscalía solicita dos años y medio de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación especial. El ministerio público pide dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación especial por 17 años y medio para la que era en el momento de los hechos secretaria de ayuntamiento, Caridad García, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Finalmente, el responsable de la empresa constructora, Vicente Gimeno, se enfrenta a una solicitud de condena de dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación por un supuesto delito de fraude.
La acusación estatal sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que Sánchez no solo adjudicó a dedo la redacción del proyecto, sino que después, para dar apariencia de legalidad a esa decisión, convocó un concurso de ideas que fue ganado por el mismo arquitecto.
También acusa al entonces alcalde y luego presidente de la Comunidad Autónoma de haber recibido seis millones de euros de la Consejería de Cultura para realizar las obras sobre unos terrenos que no eran propiedad del ayuntamiento y de cambiar de ubicación la ejecución del proyecto constructivo.
Finalmente, sostiene que se dio por recibido el inmueble cuando los trabajos no habían finalizado aún.
