Los casi cien millones para la Justicia de la Región no alivian el déficit de juzgados

Así lo expuso este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, quien a pesar de mostrarse satisfecho por el "compromiso" del departamento que dirige Pilar Llop al tratarse de "la mayor inversión en infraestructuras judiciales a nivel nacional", apuntó que todavía no logra paliar el déficit material y humano que sufre el Poder Judicial en la Región.

"Con ser bienvenidos, están muy lejos de cubrir las necesidades judiciales identificadas por nuestra Sala de Gobierno, que se sitúan en diecisiete nuevos juzgados, de los que habíamos priorizado cinco para este año; lo que nos sigue dejando por debajo de la media nacional en número de jueces", manifestó el presidente del TSJ de la Región.

Las reivindicaciones de Del Riquelme se realizaron durante el solemne acto de apertura de año judicial en la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde se dio el pistoletazo de salida a las actividades judiciales en la Comunidad durante el curso 2022-2023.

Miguel Pasqual del Riquelme recordó que durante este año se estrenó el nuevo juzgado de familia en apoyo a las personas con discapacidad, que "asegura una pronta respuesta a tan sensible colectivo" y que, a finales del próximo mes de octubre, se creará también un cuarto juzgado especializado de Lo Mercantil en Cartagena. Asimismo adelantó que en los próximos meses también se constituirán un juzgado de Lo Civil en Murcia y otro de primera instancia e instrucción en Lorca.

Un año más, volvió a denunciar, el "endémico déficit de recursos" que sufre la Comunidad, ya que "el servicio público de Justicia no se despliega ni se presta en igualdad de condiciones y recursos en todo el territorio español". El presidente del TSJ de la Región reclamó la importancia de dotar a la Administración de Justicia de los "recursos humanos y técnicos que le permitan desempeñar su función en condiciones y tiempos útiles" para la ciudadanía.

Dejando de lado el espíritu más reivindicativo, también tuvo palabras de reconocimiento para todos los profesionales que forman parte de la judicatura y los servidores públicos, como fiscales, letrados de Justicia, forenses, funcionarios y personal laboral.

Asimismo reseñó el trabajo que desempeñan en los juzgados de instrucción de enjuiciamiento penal y en las secciones penales de la Audiencia Provincial para aligerar los tiempos de respuesta en la investigación y el enjuiciamiento de casos importantes que tienen que ver con la lacra de la violencia de género, los delitos contra la libertad sexual y las redes de inmigración ilegal, así como la protección de espacios medioambientales como el Mar Menor.

En defensa de los ciudadanos

Del Riquelme también indicó que la Justicia es "la última línea de defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, con la certeza de que nuestros juzgados y tribunales cumplen con absoluta imparcialidad y neutralidad". Expuso que "siete de cada diez españoles ven a los jueces como la garantía última de sus derechos" y que "tres de cada cuatro ciudadanos piensan que la judicatura está bien preparada". También indicó que ocho de cada diez consideran "confiable y no aceptado por corrupción al sistema judicial".

Por último, resaltó el esfuerzo de los cuatro magistrados adicionales que desde hace cinco años resuelven los pleitos de las cláusulas suelo y que han permitido dar respuesta al 80% de las 20.000 demandas presentadas por los usuarios de la banca contra las entidades prestamistas.

Más independencia para el Poder Judicial ante el "deterioro institucional"

Del Riquelme reclamó la "independencia política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" y alertó de que actualmente se vive un "momento de fortísimo deterioro institucional de la justicia española" cuando el órgano de los jueces "lleva más de cuatro años de interinidad y cuando el presidente del consejo ha alertado de la posibilidad de su renuncia ante el flagrante y sostenido incumplimiento de las previsiones normativas".

"Europa nos alerta de graves consecuencias por esas distorsiones inaceptables en la separación de poderes y en el respeto a la independencia. Cuando el fin se intenta hacer pasar por problemas institucionales y legales lo que no son sino meras discrepancias políticas y partidistas". Asimismo advirtió "del reiterado uso táctico de sucesivas reformas legales para limitar o ampliar competencias esenciales del órgano de Gobierno judicial al gusto y al ritmo de intereses partidistas meramente políticos".