El gobierno aprobó hace unos días un real decreto para la concesión de ayudas estatales de mínimis destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril, ocurridas el pasado mes de abril.
El texto recoge, pues, la concesión de subvenciones por un importe total de 12.050.000 euros en el año 2022 a las centrales de acondicionamiento que procesen fruta de hueso, fruta de pepita o frutos secos, y cuya producción se viera afectada por las heladas.
Como explican desde el Ministerio de Agricultura, el objetivo principal de este real decreto es «contribuir a paliar la pérdida de facturación sufrida por estas empresas al verse significativamente mermado el volumen de fruta que procesan y acondicionan, lo que dificulta la cobertura de sus costes fijos».
Según las bases, pueden beneficiarse de estas ayudas las empresas que sean titularidad de organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y cuya pérdida de facturación en 2022 «sea superior al 30% del valor medio de producción comercializada, incluyendo las producciones de terceros (VPC)», explican.
El importe de las subvenciones alcanzará hasta 200.000 euros por beneficiario y, en el caso de que la cuantía de la subvención por empresa excediera el límite presupuestario, la ley contempla la aplicación de un sistema de degresividad (reducción de los pagos compensatorios en función de las ayudas PAC percibidas) con base en el VPC medio del último quinquenio.
Además, estas ayudas pueden compatibilizarse con otras ayudas de minimis, siempre que la suma total de las ayudas no exceda los 200.000 euros por central frutícola dentro del ejercicio fiscal actual y en los dos anteriores.
Cada comunidad autónoma publicará la convocatoria de estas ayudas para que puedan solicitarse antes del 30 de septiembre de 2022.
Elevados daños
El frente ártico que afectó a toda la Península el pasado mes de abril, conocido como Ciril, supuso uno de los peores fenómenos meteorológicos de los últimos años, según los datos de producción afectada, suponiendo los daños registrados cerca del 30% de la prima del seguro destinada a pagar los riesgos agrícolas de todo un año y superando los 110 millones de euros.
Así, según informaron los agricultores, los daños alcanzaron las 40.000 hectáreas en todo el país, principalmente en cultivos que se encontraban en fases de crecimiento y desarrollo muy sensibles, al coincidir con el período de floración, cuajado y crecimiento del fruto, provocando graves daños en Cataluña y Aragón, y extendiéndose por zonas frutícolas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.
