La decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de seguir los pasos de Madrid y eliminar el Impuesto de Patrimonio refuerza la presión sobre el Gobierno murciano y abre la puerta a la fuga de contribuyentes a las provincias andaluzas vecinas, sobre todo a Almería. El número de contribuyentes obligados a declarar Patrimonio en la Región aumentó en casi un centenar el primer año de pandemia y alcanzó los 4.454 en 2020, según los últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria estatal. La recaudación obtenida por la Comunidad se sitúa por encima de los 20 millones.
El Impuesto de Patrimonio, uno de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, ha sido el más polémico desde hace más de una década. Después de haber sido suprimido, el Gobierno central lo recuperó en 2011 para alimentar las famélicas cuentas autonómicas cuando las administraciones públicas se quedaron sin ingresos tras la crisis financiera de 2008. Madrid es la única que no lo aplica en este momento, mientras que Andalucía aspira a convertirse en la segunda comunidad con menos presión fiscal al quitarlo, según dijo su presidente.
Murcia ha optado hasta ahora por mantener este tributo con algunas deducciones y ha preferido eliminar el de Sucesiones y Donaciones, con bonificaciones del 99% que se han ampliado también a los hermanos, primos y tíos, lo que permite a los grandes propietarios donar en vida sus bienes sin tener que tributar apenas.
El jefe del Ejecutivo andaluz defiende la eliminación de Patrimonio argumentando que la pérdida de ingresos en las arcas regionales es mínima y se compensará con un aumento del número de contribuyentes que ya pasan largas temporadas en su comunidad y que ahora tendrán un aliciente para fijar allí su residencia.
Al tratarse de una comunidad vecina, la supresión de este tributo podría provocar una fuga de contribuyentes de la Región hacia la provincia de Almería para poder acogerse a las facilidades fiscales que no existen en Murcia. De hecho, ya hay empresas murcianas que han trasladado su domicilio social a municipios almerienses.
Durante su intervención en un foro celebrado este lunes en Madrid, Moreno Bonilla se mostró convencido de que su decisión incentivará que personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía, con lo que se producirá un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida del Impuesto de Patrimonio.
La Comunidad recuerda que la Región aplica deducciones
La Consejería de Hacienda responde ante la iniciativa de Andalucía de suprimir el Impuesto de Patrimonio que «Murcia ya estableció en la Ley de Presupuestos de este año la deducción por las aportaciones a proyectos de interés regional» y por «iniciativas público-privadas destinadas a incentivar la cultura, el turismo, el deporte, la investigación o el desarrollo del talento». Añade que «Andalucía sigue los pasos de la Región al deflactar el IRPF y adoptar otras medidas de moderación fiscal». Por su parte, el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha pedido en el Consejo Consultivo de Política Agrícola la eliminación del IVA superreducido para los alimentos» y los productos que consume la agricultura.
