La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está revisando hasta la fecha un total de 2.772 expedientes procedentes de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena, afectada por las medidas relacionadas con la acreditación del grado de cumplimiento de las medidas cautelares de protección del Mar Menor.

Los propietarios de unas 36.000 hectáreas cultivadas en el Campo de Cartagena están obligados a acreditar que cumplen las medidas cautelares establecidas por la Junta de Gobierno de la CHS en julio de 2020 para frenar la entrada de nitrados y de nutrientes procedentes de la agricultura al Mar Menor y al acuífero Cuaternario, al que acaban filtrándose los contaminantes procedentes de los drenajes del regadío.

Los casi 3.000 informes entrgados a la CHS suponen el 85,81% de las 43.200 hectáreas totales de las zonas 1 y 2 afectadas por las medidas relacionadas con el cumplimiento de las medidas cautelaras del Mar Menor.

Cabe señalar que de este porcentaje hay que detraer cerca de unas 7.000 hectáreas que la Comunidad de Regantes considera que están fuera de las zonas afectadas o que ya cumplen con las medidas exigidas por el organismo de cuenca y que tendrán que ser valoradas por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura para observar que su cumplimiento es el adecuado.

En este sentido, los técnicos y el personal de la CHS continúan trabajando en la resolución de la documentación que los agricultores de la zona del Mar Menor aportan. Dentro de ese estudio, el personal del organismo de cuenca podrá solicitar cuantas aclaraciones considere necesarias a los interesados para poder llevar a trámite la ponderación de los documentos recibidos.

Una vez finalizado el plazo, el organismo de cuenca no admitirá nuevos expedientes y, en consecuencia, se aplicará la normativa vigente.

Entre estas medidas está el cese del suministro de agua a las parcelas que no han presentado la documentación en tiempo y forma. El presidente de la CHS, Mario Urrea ha indicado que “el que no haya presentado la documentación quedará en una situación de no legalidad y significará el procedimiento administrativo correspondiente cuyo fin último es el corte del suministro”.