La Opinión de Murcia

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La subida salarial puede costar 150 millones a la Comunidad

La Consejería hace cuentas a la espera de que el Ministerio establezca la revisión para 2023

Luis Alberto Marín. IVÁN URQUÍZAR

La Consejería de Hacienda prevé que el aumento de los sueldos de los funcionarios puede costarle a la Comunidad Autónoma unos 150 millones de euros en 2023. Esta es la previsión que maneja el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, de cara a los Presupuestos de la Administración regional para el próximo año. Las cuentas de 2022 destinaban 1.341 millones a la nómina del personal, que representan casi la quinta parte del gasto total de este año. Esta partida apenas se incrementó respecto a 2021, cuando todavía seguían en plantilla los profesionales sanitarios contratados al inicio de la pandemia.

El Ministerio de Hacienda no ha establecido todavía el aumento salarial de los funcionarios públicos que se recogerá en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Previamente deberá convocar la Mesa de la Función Pública para dar a conocer la oferta de revisión a los sindicatos en un año especialmente conflictivo a causa de la escalada de la inflación, que en agosto alcanzaba una tasa interanual del 10,5%, aunque la Región ha superado la media nacional y ha llegado al 11%.

La Comunidad emplea a algo más de 60.000 funcionarios, aunque también tendrá que pagar la subida salarial que se establezca para 2023 a los profesores de la enseñanza concertada.

El porcentaje que se recoja en los Presupuestos del Estado afectará en toda la Región a cerca de 100.000 empleados públicos de las consejerías, la Administración central y los ayuntamientos. Los sindicatos se plantean llevar a la Mesa de la Función Pública una subida de entre el 5,5% y el 6,5%, aunque dan por hecho que la propuesta del Gobierno será inferior. En 2022 se ha aplicado el 2%.

El consejero indicó «que la subida de la que se está hablando puede tener una repercusión de más de 150 millones de euros» en las cuentas del próximo año, según sus primeras estimaciones.

Marín recordó ayer en una rueda de prensa que su departamento puso en marcha en julio el procedimiento para la elaboración de los Presupuestos y del techo de gasto de 2023, que constituye el paso previo, pero no puede empezar a hacer las cuentas hasta que el Ministerio le facilite los datos de la financiación autonómica que recibirá la Región.

La vigilancia de todos los edificios se concentra en una sola adjudicación

La Comunidad Autónoma ha unificado los contratos de los servicios de vigilancia de edificios administrativos, hospitales y centros de salud en una sola adjudicación, lo que permite al Ejecutivo ahorrar unos tres millones de euros. El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, anunció ayer que el Gobierno acaba de formalizar la adjudicación del acuerdo marco de seguridad y vigilancia de 178 edificios públicos por un importe de 42.562.790 euros para dos años. Las adjudicatarias son Salzillo Seguridad, Sureste Seguridad, Pycseca Seguridad y Salzillo Servicios Integrales.

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