La solicitud de un ganadero para ampliar un cebadero de cerdos en Fuente Álamo ha sido objeto del último choque entre la Comunidad y la Confederación Hidrográfica del Segura a raíz de las restricciones que se deben adoptar para proteger el Mar Menor y el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena. El Gobierno regional autorizó el pasado mes un aumento en el número de cabezas de ganado de una explotación dedicada al cebo de lechones, hasta llegar a las 4.354 plazas, con el criterio en contra de la CHS.
El organismo de cuenca, durante la revisión del expediente para evaluar los posibles impactos ambientales, alegó que la ampliación solicitada supondría «un aumento» de la presión sobre distintas masas de agua contaminadas por nitratos, entre ellas la rambla del Albujón, el acuífero cuaternario que abarca gran parte de la comarca, y, por extensión, el Mar Menor. Añade, además, que la parcela «se sitúa en terreno de muy alta permeabilidad con vulnerabilidad a la infiltración» en el subsuelo de estos contaminantes derivados de los productos fertilizantes y el estiércol empleado para abonar los campos.
La Comunidad alega que la instalación está condicionada por la ley de la laguna y otras normas restrictivas
A su vez, la Confederación, en las distintas comunicaciones que tuvo con la Consejería de Ganadería que dirige Antonio Luengo, advierte de que este departamento es el competente para «revertir la contaminación por nitratos de origen agrario». Ante esto, instó a que la Comunidad valorase el impacto ambiental de esta ampliación de la granja teniendo en cuenta, añade, «la actual situación de incumplimiento» de la directiva europea sobre la contaminación por nitratos, por la que España ya ha sido sancionada por la Comisión Europea.
Por todo ello, la CHS informó de forma «desfavorable» para evitar las ampliaciones de granjas que pudieran «incrementar la presión de la carga de nutrientes y por tanto de aumentar el riesgo de incumplir los objetivos medioambientales» en el Mar Menor, el acuífero y el Albujón.
Limitar estas instalaciones
La Consejería, en respuesta a las indicaciones de la Confederación, alegó que sobre la explotación se aplicaría una batería de medidas que debería cumplir el propietario y que implicarían la vigilancia de las instalaciones para comprobar que no contaminan. Al respecto, la granja está sujeta a la obligación de cumplir la Ley del Mar Menor, que aplica «medidas restrictivas a la instalación de nuevas explotaciones o a la ampliación de las existentes», o la normativa estatal, que establece directrices para la ordenación de la ganadería porcina.
El organismo de cuenca señaló previamente que la Consejería podría «limitar la instalación de nuevas explotaciones de ganado porcino y la capacidad máxima de las mismas por razones medioambientales o sanitarias en zonas declaradas por la Comunidad Autónoma como de alta densidad ganadera o como vulnerables».
A esto la Consejería alegó que dispone de las «herramientas suficientes para garantizar en todo momento el control de los efectos medioambientales ligados a las explotaciones ganaderas intensivas». Ante esto, Ganadería afirma que la ampliación «no supondrá un incremento de presión» sobre las aguas superficiales y subterráneas, a lo que suma que no será necesario limitar estas instalaciones «ni adoptar medidas restrictivas adicionales a las ya establecidas» en la Ley del Mar Menor y en la normativa estatal.
Mal uso del agua para el ganado por utilizar recursos del Trasvase
«Resulta desproporcionado el hecho de denegar de forma sistemática la ampliación de una granja porcina existente y legalmente consolidada, por el simple y mero hecho del posible riesgo que supondría la misma por su ubicación». Esta fue una de las alegaciones que el promotor de la ampliación de la granja de Fuente Álamo presentó contra los informes desfavorables que la CHS formalizó durante años.
El organismo de cuenca, que en una de sus respuestas a la Comunidad recoge esta alegación, señala además que durante la evaluación de impacto ambiental se constató que la granja empleaba agua del Trasvase Tajo-Segura, unos recursos que están «destinados exclusivamente para regadío y abastecimiento humano». Ante esto, concluye que podría haber «un presunto mal uso no reglamentario de ciertos recursos para el abastecimiento ganadero si no son suplidos de la red de abastecimiento municipal».
