Las empresas del transporte escolar quieren que la Consejería de Educación aumente un 15% las tarifas del transporte escolar para compensar la subida de los precios de los carburantes que se ha producido este año a consecuencia de la invasión de Ucrania, tal y como ha hecho el Gobierno regional con los contratos de las empresas de la construcción. La Comunidad descarta la revisión solicitada por la Froet y responde que no es posible al no estar en vigor el nuevo convenio marco que regulará las condiciones de los futuros contratos.

Fuentes de la patronal regional del transporte han indicado que la actualización de las tarifas «no podrá aplicase por lo menos en el primer trimestre de este curso», mientras sigan en vigor los contratos de emergencia, que ya se aplicaron el curso pasado. Unas 80 empresas cubrirán las 415 rutas que utilizan 14.000 alumnos de Primaria, Secundaria y Educación Especial.

La petición de las empresas del transporte escolar que se encargan de trasladar a los alumnos a los colegios e institutos de la Región cuenta con el respaldo de la patronal nacional Confebus, que este lunes ha difundido un comunicado en el que reclama a las administraciones la actualización de las tarifas para mantener un servicio «de interés público» tras la subida del gasoil.

Sin embargo, el departamento de Mabel Campuzano responde que no es posible ninguna actualización de los contratos de emergencia al no estar en vigor el convenio marco, que ha sido recurrido en varias ocasiones por la Froet. El desencuentro con la Consejería llegó a provocar incluso un paro del transporte escolar al inicio del curso pasado.

Los transportistas han solicitado un incremento del 15% en las tarifas para compensar la subida de los costes, ya que el precio del carburante ha subido aproximadamente un 40%. Sin embargo, el nuevo curso va a empezar con contratos provisionales que se aplicarán hasta que acabe el proceso de licitación de las nuevas rutas escolares, con los mismos precios del curso anterior.

Por su parte, Confebus espera que el Ministerio de Transportes habilite a las demás administraciones para reequilibrar los contratos.