El impago del Bono Social Térmico por parte de la Comunidad a las más de 53.000 familias vulnerables de la Región que deben recibirlo ha supuesto que la Consejería de Política Social reclame al Gobierno de España un mayor control sobre la información que aportan las comercializadoras de energía acerca de los usuarios.
La directora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, María Dolores Jiménez, califica de «inaceptable» la actual situación: «El Ministerio debió supervisar adecuadamente y de manera regular los datos que aportaban las comercializadoras para evitar que trabajos de revisión como el que ha tenido que realizar el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) retrasen los pagos. Exigimos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que fiscalice a las compañías para que los datos que aporten nos permitan ser ágiles en la resolución y en el pago a las familias».
En relación a los impagos o devoluciones correspondientes al Bono Social Térmico de 2020, producidos por la mala calidad de los datos aportados por el Ministerio, según la propia Consejería, el IMAS ha solicitado al Gobierno central que este año no se devolvieran los remanentes de 2020, que ascienden a una cantidad total de 159.029,42 euros, y se incorporaran al crédito de este año para que los beneficiarios que no hubieran podido recibirlo, lo hicieran.
Explican también que, de manera paralela a estas peticiones, en julio se envió por parte del IMAS una comunicación a los interesados de recibir la cuantía del Bono Social Térmico con acuse de recibo para poder intentar localizarlos, subsanar la información y abonar el pago del bono pendiente o de no ser localizados concluir el expediente.
