El ajuste de termostatos en espacios públicos y el apagado de escaparates a partir de las 22.00 horas entrarán en funcionamiento este miércoles a pesar de la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han pedido la retirada del real decreto ley. Según ha explicado este lunes la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Gobierno no tiene intención de retirar o aplazar ese paquete de medidas debido al compromiso con Bruselas y ha pedido a las autonomías que remitan sus propias propuestas de ahorro energético antes de septiembre.
Durante la reunión, de más de tres horas, entre representantes del Gobierno central y responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio, Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia (todas gobernadas por el PP) han pedido que no se aplique el decreto. Además, Cataluña ha solicitado su aplazamiento, si bien «su preocupación no era tanto por el fondo sino como por acompañar a aquellos sectores que no han tomado medidas adecuadas todavía», ha relatado Ribera.
Al respecto, la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, exigió que «ante la magnitud de las medidas que contempla el real decreto, y que se ha elaborado sin tener en cuenta a los sectores afectados como pymes, autónomos y empresas, ni a las administraciones autonómicas y locales, que se convoque la Conferencia de Presidentes y un foro técnico especializado».
La consejera explicó que «se está culpabilizando a los pequeños empresarios de una nefasta política energética del Gobierno de la nación que no está dando resultados. Nuestros autónomos y comercios no pueden asumir ciertos costes adicionales a los que obliga el real decreto como la instalación de puertas, exigiendo al sector privado, cuando deberían ser recomendaciones».
Miguélez criticó que el real decreto no cuenta con memoria técnica ni económica que evalúe el impacto de esas medidas para el tejido productivo ni su repercusión; ni indica quién se encargará de realizar las inspecciones y con qué medios. Además, el real decreto no tiene en cuenta la situación geográfica de las distintas regiones y aplica un criterio único, en el caso de las temperaturas, en un país tan diverso como España. La consejera insistió en la necesidad de que «sean los técnicos los que fijen criterios como la temperatura, dependiendo de la actividad empresarial y la situación territorial. No es lo mismo un negocio en Galicia, Canarias o la Región de Murcia a la hora de hablar de temperaturas, por eso hemos exigido que esos aspectos se traten en un foro técnico consensuado con expertos y el sector productivo».
Miguélez solicitó también la simplificación administrativa y buscar alternativas para reducir el elevado precio de la electricidad. A este respecto, recordó que energías como la térmica y la nuclear ayudarían en el proceso de transito al pleno uso de las renovables.
Montero al PP: «No vamos a permitir que una administración haga insumisión»
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha pedido al PP que «no haga insumisión» en relación a la posición adoptada por la Comunidad de Madrid frente al real decreto de ahorro energético y que «lo menos que se espera del principal partido de la oposición es que cumpla con la ley». La ministra ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, «que ponga orden en su partido, porque la agenda política la está marcando la señora Ayuso, que está impugnando algunas medidas que el propio PP trasladó como necesarias hace escasamente un par de meses». «A lo que se dedican algunos es a la confrontación y a cada respuesta del Gobierno se inventan un problema, como si la ciudadanía no tuviera preocupaciones suficientes como para convertirlo todo en un problema». «Sería muy bueno que para las cuestiones beneficiosas para los ciudadanos fuéramos todos a una», precisó.
Del mismo modo, reclamó que se tenga en cuenta las actividades empresariales que utilizan energías renovables. «Si un comercio usa energía solar y tiene almacenamiento, ¿por qué no puede tener su escaparate encendido a partir de las diez de la noche?», se preguntó.
El consejero de Presidencia, por su parte, demandó asimismo una línea de financiación extraordinaria para las comunidades autónomas, puesto que «el plan energético incluye muchas obligaciones que cumplir, pero traslada la labor de vigilancia y control a la Administración regional, lo que supone un coste no previsto al que debemos hacer frente».
Pese a estas solicitudes, la vicepresidenta ha destacado que la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía ha tenido un tono «cordial» y que las comunidades han mostrado su predisposición para colaborar en materia de ahorro energético y a la hora de presentar propuestas concretas sobre nuevas medidas. A este respecto, Ribera se ha mostrado «contenta» y ha asegurado que el Gobierno recibirá propuestas hasta el 31 de agosto de cara a presentar el plan final de ahorro en Bruselas en septiembre.
Díaz Ayuso llevará al Constitucional la normativa del Gobierno de Sánchez
La Comunidad de Madrid va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de ahorro energético, dada la «cerrazón» del Gobierno y su «no rectificación», porque la norma está «poniendo en cuestión las competencias propias» de la región, dijo la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín. «Mantienen la imposición de las medidas al comercio, al supermercado, al teatro o al cine, por citar algunos de los sectores más afectados», explica Martín en un audio remitido a la prensa tras la Conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio para abordar el real decreto ley. Según la responsable de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, las propuestas de Madrid «son claras»: «Trabajar para disminuir el recibo de la luz; pagamos la factura más cara de la historia y eso atenta contra el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas».
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno no aceptará propuestas que incluyan la vuelta al uso del carbón para generar energía o la ampliación de la vida de las centrales nucleares y que el aplazamiento «no es viable» porque supondría aprobar un nuevo decreto. Ha incidido en que las medidas «inmediatas», y van en la línea de lo recomendado por la UE para asegurar el suministro energético este invierno, en plena tensión geopolítica con Rusia por la invasión de Ucrania.
A pesar del optimismo con el que ha celebrado que los presidentes autonómicos se estén interesando personalmente en cuestiones de transición energética, ve «descorazonador» que ciertas administraciones hayan buscado la forma de resistirse al decreto.
¿En qué consiste el plan?
El nuevo ‘Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización’ busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y contribuir a asegurar el suministro de gas en la UE para el próximo invierno.
Uno de los planteamientos es el límite al termostato de espacios públicos, que también se aplica a las estaciones de autobús y tren, y a los aeropuertos, para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 en invierno.
Se incluyen además el deber de apagar las luces de escaparates y el alumbrado de edificios públicos si están desocupados a partir de las 22:00 horas, y mantener las puertas cerradas cuando dispongan de sistemas en funcionamiento. Estos lugares tendrán de plazo hasta este martes -inclusive- para adoptar las medidas, que entrarán en vigor un día después.
