La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, reclamó este lunes, en la reunión de las Conferencias Sectoriales de Energía, Industria y Comercio, la retirada del plan de choque previsto en el capítulo I del título V del Real Decreto de Medidas de ahorro y eficiencia energética que aprobó el Gobierno central la pasada semana, y que será de obligado cumplimiento a partir del miércoles, "debido a la incertidumbre que está creando entre los sectores afectados". 

Miguélez exigió que “ante la magnitud de las medidas que contempla el real decreto, y que se ha elaborado sin tener en cuenta a los sectores afectados como pymes, autónomos y empresas, ni a las administraciones autonómicas y locales, que se convoque la Conferencia de Presidentes y un foro técnico especializado”.

A la reunión de las tres conferencias sectoriales: Energía; Turismo y Medio Ambiente y Comercio, que se celebró de forma telemática, asistieron las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y los consejeros autonómicos con competencias en las materias de dichas sectoriales. De la Región de Murcia, además de Valle Miguélez, también estuvo el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño

La consejera explicó que “se está culpabilizando a los pequeños empresarios de una nefasta política energética del Gobierno de la nación que no está dando resultados. Nuestros autónomos y comercios no pueden asumir ciertos costes adicionales a los que obliga el real decreto como la instalación de puertas, exigiendo al sector privado, cuando deberían ser recomendaciones”. 

Miguélez criticó que el real decreto no cuenta con memoria técnica ni económica que evalúe el impacto de esas medidas para el tejido productivo ni su repercusión; ni indica quién se encargará de realizar las inspecciones y con qué medios. 

Situación geográfica

El real decreto "no tiene en cuenta la situación geográfica de las distintas regiones y aplica un criterio único, en el caso de las temperaturas, en un país tan diverso como España". La consejera insistió en la necesidad de que “sean los técnicos los que fijen criterios como la temperatura, dependiendo de la actividad empresarial y la situación territorial. No es lo mismo un negocio en Galicia, Canarias o la Región de Murcia a la hora de hablar de temperaturas, por eso hemos exigido que esos aspectos se traten en un foro técnico consensuado con expertos y el sector productivo”.

En este sentido, recordó que incluso el Código Técnico de la Edificación establece diferentes áreas climáticas para fijar las características constructivas en las distintas zonas de España. 

Miguélez solicitó también la simplificación administrativa y buscar alternativas para reducir el elevado precio de la electricidad. A este respecto, recordó que energías como la térmica y la nuclear ayudarían en el proceso de transito al pleno uso de las renovables. 

Del mismo modo, reclamó que se tenga en cuenta las actividades empresariales que utilizan energías renovables.

El consejero de Presidencia, por su parte, demandó asimismo una línea de financiación extraordinaria para las comunidades autónomas, puesto que “el plan energético incluye muchas obligaciones que cumplir, pero traslada la labor de vigilancia y control a la Administración regional, lo que supone un coste no previsto al que debemos hacer frente”.

Para la consejera, este real decreto “es más político que técnico” y la reunión celebrada hoy “es fruto de la improvisación a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno central, que primero convocó para el martes a directores generales, para acabar citando hoy a los consejeros, creando incertidumbre en un tema tan preocupante como la eficiencia energética”. 

“La consulta a las comunidades tenía que haber sido antes de la elaboración del real decreto y no a posteriori, cuando no sirve para nada porque han dejado claro que no se va a modificar el real decreto”, apostilló.