«La vendimia que empezaremos en las próximas semanas no puede ser igual a la de otros años. No lo decimos solo nosotros, lo dice también la Ley de la Cadena Alimentaria: se debe cobrar por la uva un precio que cubra al menos, el coste de producción».

Así se expresan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA) en un comunicado de prensa. Todos los años, cuando llega la vendimia, viticultores y empresas vinícolas protagonizan discrepancias (en ocasiones, encontronazos) a la hora de fijar los precios de venta de la uva. 

UPA ha mandado una misiva a los responsables de las bodegas de la Región para recordarles «las principales modificaciones introducidas en la Ley de la Cadena Alimentaria en diciembre de 2021», apuntan desde la organización agraria, que recuerda que la normativa establece que «el valor añadido del producto se distribuya equilibradamente entre los distintos agentes de la cadena alimentaria, garantizando que los productores reciban un precio que, al menos, cubra los costes efectivos de producción».

Los viticultores piden a la Consejería que inicie ya inspecciones y recuerda a las empresas que las multas son mayores

En este sentido, el colectivo apostilla que « los costes efectivos incluyen todos los asumidos por el viticultor para desarrollar su actividad, entre otros las plantas de vivero, los fertilizantes y fitosanitarios, los combustibles, la energía, la maquinaria, reparaciones, costes de riego, amortizaciones, trabajos contratados y la mano de obra asalariada o aportada por el propio viticultor o por miembros de su familia».

«Cabe recordar que se han modificado también las cuestiones referidas al procedimiento sancionador, que han sido reforzadas, estableciéndose un mayor rigor y un importe más elevado en las infracciones, que, además, podrán hacerse públicas», remarcan desde UPA.

La organización agraria se ha dirigido también al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, para recordarle que su departamento es «la administración competente para vigilar el cumplimiento de la ley», por lo que tiene que «habilite los recursos técnicos y humanos necesarios para iniciar de inmediato actuaciones de control e inspección, lo que redundará en mayores garantías para los viticultores», demandan.

UPA asegura que ha informado a las bodegas de otras modificaciones de la ley, «entre ellas que las organizaciones representativas de los viticultores que intervienen, como es el caso de UPA-Murcia, serán titulares de intereses legítimos colectivos, lo que les permite participar en los procedimientos establecidos en la citada ley. Además, se garantiza el anonimato de la persona que ejerza una denuncia por incumplimiento de la ley».

Para facilitar el cumplimiento de la norma y en particular lo relativo a las cuestiones contractuales, UPA ha animado a las bodegas (y también a los viticultores) a formalizar sus acuerdos mediante el contrato-tipo impulsado por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).

El 20% de la producción de la pera de Jumilla ya es ecológica

La campaña de recolección de la pera de Jumilla, de la variedad ercolini, que cuenta con Denominación de Origen, ha comenzado y los productores esperan que la cosecha de este año alcance los cuatro millones de kilos. La DO Pera de Jumilla cuenta actualmente con mil socios, cerca de 250 hectáreas de producción, 30 operadores primarios y tres almacenes. Además, se ha incrementado el cultivo ecológico de esta variedad, que supone un 20% del total de la producción, con más de 50 hectáreas, lo que representa un notable ascenso en los últimos tres años, ya que antes apenas alcanzaba el 5%.

Los países que más demandan y donde más se comercializa la pera ercolini son Marruecos, Libia, Polonia, Alemania y Portugal.