Sobreviviendo en un limbo administrativo. Las granjas que suman décadas de historia en algunos municipios de la Región de Murcia llevan mucho tiempo enfrentándose a un problema inevitable: el crecimiento de las ciudades y pueblos que ha terminado por engullirlas. Muchas de estas explotaciones ganaderas han visto cómo la aprobación de sucesivos planes urbanos municipales han terminado por convertir a suelo residencial el terreno donde se levantaron, cuando entonces estaba catalogado como ‘rústico no urbanizable’.
Esta situación les lleva a mantener unas licencias de actividad desfasadas, concedidas por sus ayuntamientos desde la década de los años 80 o 90, si no antes. Este problema acaba por derivar en una inseguridad jurídica que quieren evitar ante el peligro de ser sancionados por algo que escapa a su control. Coag, Asaja y Upa, las principales organizaciones agrarias y ganaderas de la Comunidad, llevan poniendo el grito en el cielo desde hace años ante este ‘bloqueo’ urbanístico y administrativo.
La Federación de Municipios ve positivo establecer «criterios comunes» para todos los ayuntamientos
«Algunas explotaciones no tienen actualizado su título habilitante para ocupar un suelo porque los ayuntamientos modificaron el uso de ese terreno y lo hicieron incompatible con la actividad ganadera al crecer los pueblos», refleja Alfonso Galera, responsable de Ganadería de Asaja Murcia, «la regulación de los planes urbanísticos (planes parciales o planes generales de ordenación urbana) no ha tenido en cuenta la actividad ganadera».
Entre otras limitaciones, remarca Galera, las granjas afectadas no pueden ampliar las instalaciones o el número de cabezas de ganado. Hasta ahora, estas instalaciones han funcionado cumpliendo con autorizaciones sanitarias, veterinarias y medioambientales, «pero se han quedado fuera de la ordenación territorial».
Ahora, las organizaciones han logrado el compromiso del Gobierno regional y de los ayuntamientos para desatascar esta situación. Por lo pronto, ya han mantenido una primera reunión con la Consejería de Ganadería, donde también estuvo presente la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem).
En poco tiempo esperan cerrar otra cita con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, cuyo secretario general, Manuel Pato, asegura que los consistorios están por la labor de dar una solución al problema.
Directrices supramunicipales
Esa solución pasa por recurrir a las directrices territoriales de la Región de Murcia que tienen carácter supramunicipal. Carlos Esparcia, representante de Upa Murcia, señala que actividades económicas como la minería en la Comunidad ya han recurrido a figuras del suelo como estas, planes sectoriales que regularían estas instalaciones con el acuerdo del Gobierno murciano y los ayuntamientos. «Con la colaboración de todos creo que se puede abordar la compatibilidad del desarrollo urbanístico con la del mantenimiento de estas granjas».
Pese a esto, las organizaciones agrarias dan por hecho de que no todas las explotaciones se podrán salvar, y habrá que negociar con los propietarios un cierre acordado de la granja o su traslado a terrenos más alejados de los núcleos urbanos. Se trata, señala Esparcia, de evitar «ceses traumáticos».
Fuente Álamo, Lorca o Puerto Lumbreras, con más densidad de granjas
Los municipios de Fuente Álamo, Lorca o Puerto Lumbreras son los que más densidad de granjas tienen instaladas en su territorio. Los tres términos municipales tienen problemas con algunas instalaciones dedicadas a esta actividad que se sitúan muy cerca de los núcleos urbanos. La expansión y el desarrollo urbanístico de las últimas dos décadas ha generado una presión sobre estas granjas que se pretende arreglar ahora.
Según datos de la Consejería de Ganadería de Murcia, el pasado año la Región tenía registradas más de 5.650 explotaciones ganaderas, la mayoría ubicadas en las comarcas del Valle del Guadalentín (2.561) y el Campo de Cartagena (1.070), seguidas de los municipios ubicados en la Vega del Segura (1.013). Territorios como el Noroeste, la comarca del Río Mula o el Altiplano son las que menos instalaciones concentran. Las cabañas ganaderas más importantes son la de porcino y la de ovino y caprino.
Sin embargo, consideran que esta negociación y su posterior trámite administrativo será un proceso largo, incluido los pasos de evaluación ambiental, por lo que piden también medidas a corto plazo que otorguen a los ganaderos seguridad jurídica.
«Vemos coherente la posición de los ganaderos», señala el secretario de la Federación de Municipios, «necesitamos criterios comunes para todos los ayuntamientos». Apuesta por analizar la situación de cada municipio para que «se logre establecer las mismas condiciones para todos». Lograr la seguridad jurídica para estos ganaderos «es el procedimiento a seguir».
Pato espera que la reunión con las coordinadoras agrarias se haga en septiembre. Por su parte, la Consejería de Ganadería ha rechazado hacer valoraciones sobre las negociaciones iniciadas con los ganaderos.
Las granjas afectadas no pueden ampliar las instalaciones ni aumentar las cabezas de ganado
Evitar la tensión de Lorca
La regulación de estas instalaciones, comenzando con las negociaciones entre Comunidad, ayuntamientos y organizaciones agrarias, pretende evitar la tensión y las disputas políticas que se generaron en Lorca a raíz de una iniciativa municipal que limitaba la instalación de nuevas explotaciones cerca de los núcleos urbanos. En aquella ocasión un nutrido grupo de ganaderos asaltaron el Centro de Desarrollo Local en donde se iba a celebrar el pleno para debatir esa moción, impidiendo así el inicio de la sesión.
Además, reflejan tanto Galera como Esparcia, este desbloqueo favorecería el relevo generacional de la actividad ganadera en estas instalaciones y fijaría población a las localidades más rurales.
