Los libreros vuelven a estar en pie de guerra con los colegios concertados al detectar casos en los que estos centros educativos comercializan la compra de libros de texto de forma directa con las editoriales para conseguir precios más competitivos. En un manifiesto firmado ayer por varias librerías del municipio de Cartagena, los dueños de estos comercios denuncian que las editoriales de estos manuales «están dinamitando su relación comercial con las pequeñas librerías».

La denuncia no es nueva ni exclusiva de la Región de Murcia, recuerda Manuel García Elbal, presidente de la Asociación de Libreros de la Región de Murcia: «Han surgido varios casos a lo largo de los últimos años y esto ya lo hemos denunciado a la Consejería de Educación. Incurren en una competencia desleal que afecta a nuestras ventas, y en realidad somos nosotros los que nos encargamos de vender sus productos ».

Ana Albaladejo, responsable de la Librería Albaladejo de la ciudad de Cartagena, es la impulsora de esta protesta que ha aglutinado ya a otros compañeros del gremio en los últimos días. En plena temporada de adquisición de libros y material escolar de cara al próximo curso, estos negocios señalan que «se están transformando colegios en librerías, en donde se han llegado a vender libros y artículos escolares en la conserjería o en aulas del propio centro, ejerciendo de vendedor una persona voluntaria o incluso profesores o miembros del AMPA».

La propietaria de este local señala que la novedad este año que han podido averiguar es precisamente esa venta de material escolar (cuadernos, carpetas, mochilas, estuches, bolis, lápices o subrayadores) directamente desde las editoriales saltándose un eslabón de la cadena de distribución. Respecto a los libros, Albaladejo refleja que la diferencia de precio es mucha, un hecho que hace imposible competir con las ofertas de las empresas editoras: «En Infantil, que suelen ser libros caros porque van por proyectos, las librerías pueden vender el paquete completo por 280 euros mientras que las editoriales los ofrecen a los colegios concertados por 185 euros».

El procedimiento, señalan los libreros, consiste en que estos centros ofrecen a los padre la posibilidad de suministrarles directamente los libros sin que tengan que ir a una librería, propuesta a la que difícilmente se niegan.

García Elbal señala que algunos concertados alegan tener una licencia fiscal para poder vender el material escolar a los padres previo envío de las empresas distribuidoras.

La patronal de estos centros niega que se negocie con las editoriales

El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Murcia, José Francisco Parra, niega que los centros concertados negocien con las editoriales para saltarse un intermediario y beneficiarse de unos precios más bajos y ajustados. Con el bonolibro, subraya que todos los colegios e institutos tienen un tope máximo para gasta por cheque, por lo que no existiría un beneficio para el centro. Sí subraya que en algunas ocasiones se habla con las editoriales para «cuadrar los precios» si hay padres que lo demandan.

Por lo general, Parra remarca que hay centros concertados que tienen como referencia una única librería donde los padres puedan asistir directamente para gestionar la compra de los libros de texto. «Los centros pueden contar con su propia librería» con la que llegan a un acuerdo, «pero hay que tener en cuenta que luego todas las facturas se deben presentar a la Administración regional, que lo supervisa». La Consejería de Educación señala que los centros, tanto públicos como concertados tienen que emitir los chequelibros, «bien para entregarlos a los padres o en su caso», con las excepciones que recogen las instrucciones de estos bonos, «para hacerlo directamente a librerías o establecimientos comerciales».

En tal caso, aseguran que el Servicio de Promoción Educativa realiza un control de estas adquisiciones mediante la aplicación Edubanc, plataforma que permite conocer la información sobre los bancos de libros escolares. El presidente de la patronal educativa en Murcia apunta a «que cada cheque es individual, lo tienen que firmar los padres para que luego se pueda cobrar» y acudan a la librería que quieran a adquirir los manuales educativos. Las instrucciones para el curso próximo de los bonolibros señalan que «no está permitida la gestión de los cheque-libros por parte de AMPAS, asociaciones, Fundaciones, o los propios centros docentes, excepto cuando cumplan los requisitos legalmente establecidos para ejercer el comercio de librería. La Inspección de Educación podrá requerir la información necesaria de los centros docentes y velará para evitar malas prácticas en este sentido».

Bonolibros

A partir de septiembre entrarán en vigor los nuevos currículos escolares que afectarán a los cursos impares. Los libros de clases como las de 3º de Primaria se renovarán en la Región de Murcia (Educación ha decidido no hacerlo en el caso de 5º de Primaria y 1º de la ESO). Con los bonos para los libros de texto gratis, el manifiesto firmado refleja que este dinero debe ser entregado mediante cheques identificados a los padres para que compren en las librerías. Sin embargo, aseguran que «la mayoría de los colegios se quedan con el dinero para realizar ellos mismos la venta, comprándolos directamente a la editorial».

La asociación de libreros señala que en estos casos, los textos solo se pueden adquirir con los bonos en librerías y o centros comerciales pero no con las editoriales. García Elbal cree que esta condición impide a los concertados negociar directamente con las editoriales. «No está permitida la gestión a través de estas empresas».

En la orden que regula la entrega de este dinero a los centros para el banco de libros de cara al próximo curso deja claro que « dichas adquisiciones deberán ser realizadas en librerías y establecimientos comerciales y nunca directamente a las editoriales». Como excepción, los centros podrán gestionar únicamente esta compra a través de las librerías si están acogidos a «planes de educación compensatoria, trabajo por proyectos, centros rurales, u otros, en los que por sus especiales circunstancias se vea dificultada la obtención de libros de texto por las familias».

Reclaman inspecciones

«El librero sí que recibe inspecciones, paga sus tributos, hace frente a sus cargas sociales, seguros, nóminas, IBI, pago del IVA (es decir, más impuestos), inversiones, mantenimiento, facturas de suministros como agua, basuras y energía eléctrica, etc», señala el manifiesto.

Ana Albaladejo cree necesario que el Ministerio de Hacienda también lleve a cabo controles en estos centros escolares con el fin de verificar que no llevan a cabo estas prácticas «desleales».