Residencias más pequeñas, planes de atención personalizados, más habitaciones individuales, reducción del uso de sujeciones y profesionales mejor formados. Estos son los grandes pilares del nuevo modelo de residencias que ha aprobado esta semana el Consejo Territorial de Derechos Sociales y que ha tenido en contra a la mitad de las autonomías, ya que se resolvió con diez votos a favor y nueve en contra.
Entre los ‘noes’ estaba el de la Región de Murcia, que se posicionó en la misma línea que territorios como Galicia, Andalucía, Cataluña y País Vasco, al considerar que este planteamiento nace sin presupuesto para ponerlo en marcha.
La patronal ya ha avisado de que la reducción del número de usuarios y el aumento del ratio de profesionales que deben atenderlos conllevará un aumento del coste de las plazas, un incremento que rondaría los 1.000 euros mensuales por plaza, según explican.
El acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) establece cómo serán las residencias de mayores y de personas con discapacidad a medio plazo, pero tiene en contra al sector, que critica que no se haya contado con ellos para elaborar este documento.
«El cambio de modelo es necesario, en eso estamos de acuerdo, pero no han conseguido unir a todo el sector», indica el presidente de Lares Murcia (Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores), Sergio Guillén.
Guillén considera que el modelo que ha planteado el Ministerio «es insostenible a nivel económico, ya que si reduces los usuarios y aumentas los ratios, indudablemente hay que encarecer los precios» y esto ha hecho que las comunidades que más residentes tienen hayan votado en contra de la propuesta.
El coste medio de una plaza en la Región de Murcia oscila entre los 1.300 y los 1.500 euros, pero con los nuevos cambios puede llegar casi a duplicarse, afirma el responsable de Lares Murcia. «A lo que se une que no hay profesionales suficientes para ese aumento de ratios, lo que nos llevará a tener que aumentar los salarios para hacer atractivo el puesto y que los enfermeros no se vayan».
Las nuevas residencias serán más pequeñas, impidiendo la construcción de centros que superen las 120 plazas. El nuevo modelo también fija las pautas de un sistema de cuidados más personalizados y adaptados a las preferencias de los mayores o de las personas con dependencia.
"Es el modelo ideal, pero no se puede cambiar si no hay fondos"
El nuevo modelo de residencias y centros de atención a la dependencia que plantea el Ministerio de Derechos Sociales «es el modelo ideal hacia el que deberíamos ir, pero no se puede cambiar si no hay fondos».
Así lo considera la consejera murciana de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco, quien afirma que «este modelo nos debe parecer bien porque es el ideal hacia el que deberíamos ir, es un modelo óptimo, una declaración de intenciones sobre como se debería trabajar, aunque tuvimos que votar en contra porque no se le dota económicamente de presupuesto, lo que supondrá un encarecimiento muy importante de las plazas».
La responsable murciana de Política Social subraya el hecho de que «el Gobierno central regula, pese a no tener competencias en este ámbito, y no ofrece ninguna ayuda presupuestaria para aplicarlo». Al tiempo que considera que las cifras que manejan en Madrid no son realistas. «Nos plantean que remodelar todas las residencias públicas de la Región tendría un coste de 10 millones de euros, cuando nosotros lo hemos cifrado en más de 30 millones», explica.
El pasado año la Región de Murcia planteó un decreto de mínimos para llevar a cabo mejoras en el sector de las residencias y la atención a los mayores, un decreto que quedó paralizado a la espera de ver qué postura tomaba el Gobierno central. Pero ante esta situación «volveremos a reactivar este decreto de mínimos para plantear el modelo regional», indica Isabel Franco.
Coordinador sociosanitario
Además, los centros de más de 30 plazas deberán tener un profesional de enlace para coordinar la atención sociosanitaria, un plazo máximo de nueve meses para aprobar las normas que den cumplimiento al acuerdo y que haya un mínimo de 80% de contratos indefinidos.
Con estos requisitos, el presidente de Lares Murcia explica que «muchas entidades no podrán sostener este modelo» y recuerda que «es el sistema privado el que está atendiendo en su mayoría a los mayores y así será muy complicado».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Dependencia de la Región de Murcia (Ademur), José Miguel Marín, considera que «el nuevo modelo se ha confeccionado de espaldas al sector y en lugar de solucionar los problemas que existen, lo que hacen es agravarlos aún más».
Para Marín, «no se puede plantear la reconversión total del sector sin dotar el plan económicamente», ya que esto «conllevará un importante aumento de los precios, que no se podrán asumir y recaerán en los usuarios».
También se muestra molesto con el nuevo planteamiento el presidente de Mensajeros de la Paz, Agustín García, quien critica, al igual que el resto de representantes del sector, que no se haya previsto un presupuesto para ayudar a llevar a cabo estos cambios.
«No pueden obligarnos a modificar residencias que se han hecho este último año», afirma, al tiempo que se plantea que «quizá el problema sea que quienes elaboran la norma no conocen la realidad», por lo que están a la espera de un encuentro con el Gobierno regional.
