«El gasóleo agrícola costaba 0,83 el año pasado y hoy se sitúa en 1,70 euros». La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha pedido al Gobierno intervenir el precio de los carburantes para evitar «los márgenes abusivos de las empresas petrolíferas».

UPA Murcia solicita al Ejecutivo central, de cara al próximo paquete de medidas para paliar las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia, que establezca medidas de protección para agricultores y ganaderos «ante el imparable aumento de precio del gasóleo agrícola» y frene «los abusos de las petroleras, que incrementa los costes de producción y pone en riesgo la sostenibilidad de la producción de alimentos».

Mientras, UPAMurcia valora la convocatoria de movilizaciones, que han iniciado esta semana los agricultores de Castilla y León frente a la sede de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) a las afueras de Valladolid. Será la primera de una serie de protestas quepodrían extenderse a otras comunidades autónomas y que UPA Murcia promoverá que, en su caso, se realicen en unidad de acción con el resto de OPAs.

La causa de todo ello es la «inasumible» subida de los precios del gasóleo B, el utilizado por los agricultores y ganaderos en sus tractores y maquinaria. El precio de este gasóleo sigue batiendo todos los récords históricos y se sitúa, de media, entre 1,57 y 1,70 euros/litro en los últimos días. El gasóleo agrícola costaba, el año pasado, 0,83 euros por litro, casi la mitad que ahora.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha asegurado que la escalada del precio del gasóleo «está poniendo en jaque la continuidad de la agricultura y la ganadería en España, especialmente de las explotaciones más pequeñas y de carácter familiar, las más vulnerables».

UPA exige al Gobierno que intervenga para frenar esta escalada «inaceptable» del precio de la energía. «Las medidas fiscales no son suficientes, debe actuarse a escala legislativa para impedir estas prácticas abusivas».

Los agricultores también pedirán también a Competencia que inicie una investigación para comprobar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia.