No más estudios, por favor. Hay que pasar a la acción ya. Si los agricultores del Campo de Cartagena tienen que ser un actor fundamental en la recuperación del Mar Menor, dilatar más el proceso de cambio que debe sufrir la actividad solo empeorará las cosas. Esto es lo que advirtieron los regantes ayer frente al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, quienes anunciaron la constitución de una mesa de trabajo con el sector agroalimentario de la Región par abordar la problemática de la laguna salada.
Este grupo de trabajo pretende consensuar con los regantes del Campo de Cartagena qué actuaciones concretas se pueden llevar a cabo bajo el paraguas de una línea específica de 20 millones de euros para el regadío de la comarca. El objetivo es actuar en cada parcela, con soluciones en origen, y lograr «fertilizar lo justo» para «no devolver al territorio», señalaba Morán, agua contaminada con nitratos que termine desembocando en el Mar Menor o infiltrándose en el acuífero.
Las actuaciones se centrarán en lograr una menor erosión en las parcelas, controlar mejor las escorrentías que arrastran nitratos por la cuenca, medidas de conservación de los terrenos agrícolas o pago por servicios ambientales para atraer al Campo de Cartagena una producción que facilite la eliminación de elementos contaminantes.
Ambos dirigentes del Gobierno central se reunieron con la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y patronales y organizaciones del sector como Coag, Asaja, Upa, Proexport o Fecoam, acompañados del delegado del Gobierno, José Vélez, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, y la presidenta de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Francisca Baraza.
"De la mano con el sector"
La intención es «ir de la mano del sector» para definir las actuaciones concretas con esa línea de 20 millones. Miranda, por su parte, habla de «lograr una sector competitivo» en una región eminentemente exportadora, por lo que cree importante que «perciban» fuera una actividad con un «futuro innovador, de calidad pero también sostenible». Tanto el secretario de Agricultura como Morán no se atreven a hablar de plazos concretos pero prometen «acompañar al sector en sus obligaciones», ya que los agricultores «no tienen mucho más tiempo». Ahora, insiste Morán, lo que corresponde «es ejecutar las inversiones».
Manolo Martínez, presidente de los regantes del Campo de Cartagena, ve «certidumbre» en los planes de los dos ministerio y reclama pasar ya a la acción en lo que al campo se refiere. Pide también actuar sobre el saneamiento de los municipios ribereños para evitar vertidos a la laguna, una actuación que tendrá otros 20 millones y que ya está cerrada con los ayuntamientos.
Martínez insistió en la idea de que el regadío de Cartagena está preparado «para ser más sostenible todavía». Morán, por su parte, reflejó que para garantizar
El presupuesto global que maneja Madrid es de cerca de 1.100 millones de euros, donde se suma el dinero previsto en el plan de Transición Ecológica sobre el Mar Menor (casi 500 millones), más las ampliaciones de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas junto con la construcción de las plantas fotovoltaicas para rebajar el precio de la producción de agua desalada.
Morán se abre a prorrogar el plazo para cumplir las medidas del acuífero
El plazo de dos meses dado por la Confederación Hidrográfica del Segura a los regantes de Cartagena para que certifiquen que cumplen con las medidas de protección del acuífero agobia y mucho al sector del regadío. Unos 3.000 agricultores deberán presentar un informe técnico acreditando que no contaminan el cuaternario y andaluciense, declarados en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico en 2020.
Morán ha señalado que el sector «ya va certificando» y trasladan los datos a la CHS, pero se dejará una prórroga de tiempo a quienes no terminen por la complejidad de la burocracia. «En todos los casos, cuando se pone en marcha mecanismos de certificación, hay unos plazos donde se marca un límite inicial y luego quienes tienen las necesidades justifican que necesitan una prórroga, y esa prórroga se estudia para dar cumplimiento en el plazo más breve posible».
"Si no hay datos para modificar los planes de cuenca, no se hará"
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apuntó ayer que el plan de cuenca del Tajo, que contempla una subida de los caudales ecológicos que repercutirán en un descenso de los caudales trasvasados al Segura, debe ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), donde se determinará el «resultado final» del planeamiento.
En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión con los agricultores, Morán indicó que cada plan de cuenca «deberá responder» a su evaluación ambiental y «de ahí saldrá el resultado final». El dirigente del Ministerio para la Transición Ecológica explicó que los planeamientos de las demarcaciones intercomunitarias y las intracomunitarias, una vez aprobados inicialmente por los Consejos de Agua de cada cuenca, deben ser sometidos a una Evaluación Ambiental Estratégica.
Del resultado de esta evaluación, añadió, habrá una «aportación» para la planificación «conjunta» de los planes y se tomará la decisión correspondiente, añadió Morán. Por ello, consideró que «no es la mejor de las soluciones» anticipar «a los tiempos lo que los tiempos necesitan». «Cada cosa en su momento», apostilló el secretario de Estado de Medio Ambiente.
«En principio, si no hay datos que llevaran a modificar la propuesta de los planes, no se modificarían, pero si dijera que la evaluación ambiental estratégica no sirve para nada, me dirían que, entonces, para qué sirve», declaró Morán.
