El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM), Julián Pérez-Templado, ha cesado y nombrado hoy por correo electrónico a la persona que deberá suplirle al encontrarse indispuesto por motivos de salud.
En el correo, al que ha tenido acceso esta redacción, se nombra a Santiago Manuel Álvarez Carreño, profesor de la Universidad de Murcia, «siguiendo el orden de antigüedad en el cargo de consejero de este consejo de la Transparencia de la Región», tal y como recoge el escrito.
La decisión del presidente ha causado sorpresa y ha provocado diversas críticas al considerar que no tiene competencia para designar un suplente de forma unilateral.
Esta redacción ha consultado con la titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco -de quien depende actualmente el Consejo de la Transparencia-, quien ha asegurado haberse enterado del nombramiento a través de La Opinión y que esta forma de designación no estaba contemplada en la normativa del Consejo. La Asamblea Regional es la única entidad que puede influir en la presidencia del órgano.
Franco asegura que a lo largo del día no ha recibido «ninguna información oficial» sobre la decisión de Pérez-Templado y que su equipo está «recabando información» sobre el asunto.
«Solo nos queda desear que el presidente se mejore lo antes posible y esperar a estudiar los documentos que todavía no nos han llegado», explica la vicepresidenta del Ejecutivo murciano a esta redacción.
Elige a Santiago Manuel Álvarez Carreño, profesor de Derecho Administrativo, como su sustituto
Fuentes ligadas al Consejo de la Transparencia aseguran que Pérez-Templado se habría aferrado a la ley 40/2015, que «regula todos los órganos de participación social del país y que les otorga cierta independencia, aunque en ningún caso regularía cómo se producen las sustituciones de los presidentes».
Sin embargo, otras defienden que la decisión tomada es la que establece la ley, ya que «al no existir regulación propia», la ley 4/2007 de régimen jurídico de la Administración regional remite al artículo 12 de la ley 40/2015, que establece que «en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente será sustituido por el vicepresidente que corresponda, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden».
Sin embargo, esta última postura se pone en duda por parte de los críticos, que argumentan que la designación del nuevo presidente del consejo tendría que someterse a la votación de una mayoría cualificada en la Asamblea Regional.
Casi dos años en el cargo
Pérez-Templado (Murcia, 1948), magistrado jubilado, accedió al cargo en septiembre de 2020 después de que el Pleno del Hemiciclo murciano lo designase para velar por la transparencia y el buen gobierno del Ejecutivo y de la Administración regional, sustituyendo a José Molina. Tras dejar la carrera judicial, fue propuesto por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y contó con el apoyo del Gobierno regional.
Por su parte, Álvarez Carreño (Murcia, 1968), hasta ahora uno de los consejeros del CTRM y profesor de Derecho Administrativo, comenzó su vinculación con la UMU en el año 1992 y obtuvo la plaza de profesor titular en el año 2001.
Además, durante el mandato del rector José Orihuela en la universidad pública murciana (2014-2018) ocupó el cargo de secretario general.
Además, ha sido ponente en diversos congresos nacionales y ha impartido clases, cursos y conferencias en diversas universidades nacionales y extranjeras (Alemania, México, Reino Unido, Francia o Argentina). También es miembro de la Asociación Española de Derecho Ambiental (Adame).
Esta decisión se produce dos semanas después de que el CTRM perdiese una batalla con la Comunidad y se quedara sin registro electrónico. El Consejo Jurídico regional estimaba entonces en una resolución que este órgano carecía de facultades para poder crear una sede y una dirección electrónica con la que comunicarse directamente con los ciudadanos.
De esta forma, el órgano consultivo de la Comunidad le daba la razón a la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias, ya extinta tras la dimisión del consejero Antonio Sánchez por problemas de salud, quien preguntó sobre la legalidad de crear esta sede y un registro electrónico, ya que consideraba que no se podía llevar a cabo una plataforma ajena y externa a la del Registro General de la Comunidad murciana.
Los ‘tira y afloja’ del Consejo de la Transparencia con el Gobierno regional han sido constantes en los últimos meses, sobre todo tras la fallida moción de censura que presentaron en marzo del pasado año PSOE y Cs contra Fernando López Miras.
También a finales del pasado mayo la Comunidad torpedeaba la plaza de asesor jurídico del propio órgano. La Comunidad decidía impugnar la decisión, pidiendo así al Juzgado que se suspendiese la convocatoria de esta plaza.
