Representantes del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), la asociación que vela por la protección y defensa de las personas trabajadoras sexuales de la Región, denunciaron ayer en rueda de prensa que «lo que pretende el Gobierno nacional con la ley de libertad sexual para abolir la prostitución es «prohibirla», lo que convertirá a estas personas en «víctimas y delincuentes». Lamentaron que con la propuesta del Ejecutivo se «criminaliza» a las trabajadoras sexuales murcianas y que, como consecuencia, ha aumentado el número de pisos donde se ejerce la prostitución en la Región, lo que podría provocar un mayor riesgo para las mujeres ante posibles casos de mafias y trata de mujeres.
«Si realmente quisieran ayudarnos, tienen en su mano medidas legislativas poderosas, como papeles para todas, por lo que muchas dejarían la prostitución si tuvieran permiso de trabajo que les diera acceso a un empleo; descriminalizar el trabajo sexual y reconocer nuestra actividad como un trabajo, que evitaría todos los abusos laborales que tenemos que sufrir y contar con nosotras, tanto para hacer leyes que repercuten en nuestro futuro, como para luchar más efectivamente contra todo tipo de explotación», expusieron.
