La organización ecologista Greenpeace va a personarse en la segunda pieza del caso Topillo que investiga la contaminación del Mar Menor contra una decena de empresas agrícolas, "las más relevantes" por el volumen de vertido contaminante que volcaron a la laguna salada.
Las investigaciones judiciales en esta segunda pieza quedaron desperdigadas entre los juzgados de Cartagena, San Javier y Murcia tras negar la Audiencia Provincial al juez Ángel Garrote, instructor de la primera pieza, las competencias para seguir con las pesquisas contra 43 firmas agrícolas del Campo de Cartagena. El tribunal entendía que estos delitos investigados carecen de conexión entre sí.
Greenpeace entiende que esta decisión de la Audiencia es "una maniobra clara de desarticulación de la causa judicial ya que, con este desmembramiento, se hace más difícil encontrar la responsabilidad conjunta en la comisión del delito".
Pese a ello, la organización dedice centrar sus esfuerzos judiciales en ejercer la acusación popular contra las diez empresas que, según el informe del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, más contaminaron el Mar Menor con el vertido de salmuera con nitratos a los cauces, ramblas o salmuereductos que desembocaban en la laguna. Esta decisión se debe, según Greenpeace, ante "la inviabilidad de sostener tantos procesos a la vez".
Por ahora, esta segunda pieza está más avanzada en los juzgados de Cartagena que en los de San Javier, con las primeras diligencias e interrogatorios a los investigados por un delito contra el medio ambiente. Respecto a la primera pieza, los acusados se encuentran depositando sus fianzas a la espera de conocer la fecha del juicio.