El pleno de la Asamblea aprobó ayer como proyecto de Ley el decreto ley sobre lucha contra la ocupación de viviendas, en el que se suprime, a instancias del Grupo Parlamentario de Vox, la sanción de 10 años sin poder acceder a un inmueble público a los condenados por esta práctica.
Esta enmienda elimina la prohibición de acceder a una vivienda pública por parte de las personas condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionado mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años. Tanto Francisco Carrera, el diputado expulsado de Vox que intervino, como la parlamentaria del PSOE Consagración Martínez recordaron que esta sanción tiene dudas jurídicas y puede incentivar al ocupante a continuar con la práctica si no se le da una alternativa habitacional.
El texto, que estaba en vigor desde octubre de 2020 y que fue refrendado como proyecto de Ley con los votos a favor de PP, Vox y los diputados expulsados de Vox y Cs, modifica la Ley de Vivienda de 2015 y reconoce que «buena parte» de la regulación necesaria para hacer frente a este fenómeno está en manos del Estado y queda «fuera del alcance» de las comunidades autónomas.
Tras la votación, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, incidió en que la Región es la primera comunidad en tener una regulación específica con una «amplia» batería de medidas para enviar un mensaje «claro» de «tolerancia cero» a las «mafias».
En el debate no participó Podemos, que rechazó la tramitación de una modificación legal para «no validar una cortina de humo con la que tapar el problema del acceso a la vivienda».
