La sombra del Tribunal Constitucional vuelve a posarse sobre la Ley del Mar Menor. El Gobierno central ha elevado al Consejo de Estado una consulta sobre si es conveniente o no presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto de 2021 que modificaba la normativa del Ejecutivo regional que pretende proteger y recuperar la laguna. Esta cuestión se debatió durante la comisión permanente del órgano consultivo del Gobierno central el pasado jueves, pero el dictamen que emitió no es público porque lo tiene que autorizar el propio Gobierno español.
La consulta fue realizada por el Ministerio de Política Territorial, presumiblemente por las discrepancias que se han podido generar por las competencias que otorgaba el decreto que modificó la Ley del Mar Menor el pasado año al Gobierno regional. Sin embargo, ni el propio Ministerio, ni la Delegación del Gobierno en Murcia ni la Confederación Hidrográfica del Segura pudieron aclarar ayer qué aspectos en concretos podrían ser inconstitucionales. Tampoco la Comunidad tiene conocimiento de esta queja del Ministerio.
Dicho cambio en la norma regional contemplaba varios aspectos, entre ellos la prohibición de emplear fertilizantes nitrogenados inorgánicos (los más contaminantes) en la zona más próxima a la laguna o un recorte en los plazos dados a la resolución de los expedientes sancionadores que debe tramitar la Comunidad.
Además, el decreto modificaba el artículo de la Ley que hacía mención al desmantelamiento de las parcelas de regadío que han estado empleando agua sin tener autorización de la Confederación en el Campo de Cartagena. Esta superficie abarca 8.460 hectáreas en la comarca y la Comunidad tiene las competencias en la restitución de estos terrenos a su estado original, una labor que abarca por el momento poco más de 200 hectáreas y 140.000 euros en multas.
Precisamente en mayo del pasado año el Gobierno central y el murciano alcanzaron un acuerdo por el que se eliminaban tres artículos de la Ley que regulaban la navegación dentro del Mar Menor, aspecto que le corresponde legislar al Estado y que podría ser inconstitucional si se mantenía como tal en la norma. El acuerdo contemplaba también que el Gobierno de España incluiría en la legislación estatal estos aspectos que se tuvieron que suprimir en la normativa regional.
Obras de saneamiento
Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica sacó ayer a consulta pública un proyecto de decreto para regular la concesión de subvenciones para ejecutar obras de saneamiento y depuración en el Mar Menor. Su ámbito de aplicación estará circunscrito a Los Alcázares, Cartagena, Fuente Álamo, Murcia, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y La Unión. El reparto de los 20 millones de euros se ha realizado considerando criterios como el de población o superficie.
«Las soluciones para la laguna salada deben pasar por su cuenca»
El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU) Ángel Pérez Ruzafa, dijo ayer que «muchas de las cosas» que se podrían haber llevado a cabo en el Mar Menor «se están haciendo en otros sitios, en donde se empiezan a ver resultados» y, ha asegurado, que «está muy claro» que las medidas a tomar «deben» estar integradas en un plan de actuación y «no hacerlas de manera aislada».
Expertos europeos asistieron este viernes a una jornada sobre «Recuperación Ecológica en Lagunas Costeras» para aportar medidas de actuación sobre el Mar Menor, en un evento organizado por Ruzafa para «abordar los problemas comunes» de este tipo de ecosistemas y para compartir las medidas de gestión que se están adaptando en cada una de ellas.
El catedrático también ha destacado la «particularidad» del Mar Menor que hace «factible», en comparación con otras lagunas del continente, actuar directamente sobre su cuenca, por lo que las soluciones deberían pasar por la misma, además de las aguas subterráneas, porque, de no hacerlo, «no habría solución».
Por otro lado, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha declarado estar «agradecido» con la comunidad científica por haber «diagnosticado» los principales problemas de la laguna y se ha sentido con «suerte» de que los expertos «compartan» su conocimiento, para extrapolarlo.
