El inventor del autogiro, Juan de la Cierva, alquiló el avión ‘Dragon Rapide’ en el que Franco viajó desde Tenerife hasta Marruecos para iniciar el alzamiento militar (sus descendientes argumentan que no sabía para qué era) y “fue un embajador del golpismo”, tiene claro Bernardo Sánchez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región y presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena. El inventor murciano perdió la vida en un accidente de avión en diciembre de 1936 y no participó ni en la Guerra Civil ni en la dictadura posterior.
Aunque desde el sábado se sabe de la intención de López Miras de bautizar el aeropuerto e Corvera con el nombre del inventor murciano, “estábamos esperando a que fuera realidad esto en Consejo de Gobierno” para reacciones, detalla Sánchez. A preguntas de este diario sobre si adoptarán acciones judiciales, indica que “no vamos a poner de momento ninguna demanda”, dado que “hasta que no salga en el BOE no lo damos como efectivo”.
En su opinión, el tema de la denominación del aeródromo es “una cortina de humo para no hablar de que va a haber otro colapso en el Mar Menor”.
Bernardo Sánchez reitera que el Ejecutivo de Miras “sabe de sobra que están incumpliendo la Ley de Memoria histórica, saben de sobra que el hombre este intervino en el golpe de Estado”. “Él no salió con las armas, pero sí las compró”, manifiesta.
Acerca de los dos informes aportados por el Ejecutivo regional, hechos por el profesor de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Roberto Villa y el catedrático de Historia Moderna de la UMU Francisco Javier Guillamón, en los que se defiende al inventor, Sánchez se pregunta “por qué no han ido a los historiadores contemporáneos y se van a los historiadores medievales”. Sobre estos profesores, considera que “uno está identificado con la Fundación FAES y otro siempre ha estado ahí metido”.
Alude el vicepresidente de la Federación a “una carta de Alfonso XIII a Mussolini diciendo que va a ir Juan de la Cierva con otra persona a recoger armas” y va más allá: “Lo dice el propio Juan de la Cierva en una carta que hay documentada al general Mola”.
Fuentes del Gobierno de Miras, consultadas el sábado por La Opinión, indicaron entonces que "el Ejecutivo regional considera que está suficientemente acreditada históricamente la trascendencia de la trayectoria de Juan de la Cierva. Por eso, el jueves (por hoy) se aprobará en Consejo de Gobierno un expediente administrativo que recopila los argumentos jurídicos necesarios que posibiliten dar el nombre a Juan de la Cierva sin necesidad de autorización estatal".
"No nos van a privar de darle el homenaje que se merece"
"El aeropuerto es de la Región de Murcia y no vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez nos prive de dar el homenaje que se merece", expuso la portavoz del Ejecutivo regional, Valle Miguélez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno donde se ha aprobado darle al aeródromo el nombre del inventor murciano. "Es incomprensible que el Gobierno central rinda homenaje a nuestro ingeniero universal con unas prestigiosas becas y de forma incoherente impida que la Región de Murcia pueda hacer lo mismo", dijo, según una nota enviada por la Comunidad.
Miguélez ha recordado que la nueva denominación está impulsada inicialmente por una moción de la Asamblea Regional, materializada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad y apoyada por los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, el Congreso de los Diputados, instituciones privadas y agentes económicos y sociales de la Región de Murcia.
El Gobierno regional destaca en una nota que el nombre del ingeniero Juan de la Cierva "ha sido siempre punto de encuentro, sin que sus ideas suscitaran controversia, ni en su época ni en la historia más reciente de España". Por este motivo, ha promovido un estudio jurídico e histórico que avala el homenaje al inventor del autogiro "y responde así al clamor de la sociedad de la Región de Murcia, respaldada por la opinión pública nacional".
En lo que respecta a la resolución desestimatoria del Gobierno central, determinada por las notas del profesor Viñas que aporta la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, los Servicios Jurídicos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras exponen que la citada resolución "no tiene motivación en sentido estricto jurídico", porque se trata "de un juicio de valor, pero no reviste el carácter preceptivo ni vinculante".
El expediente administrativo aprobado en el Consejo de Gobierno incluye los informes de los citados profesores Roberto Villa y Javier Guillamón.
