El Servicio Murciano de Salud (SMS) deberá pagar una indemnización de 600.000 euros a los padres de un bebé que sufre graves secuelas tras la infección que contrajo en el hospital cuando solo contaba nueve días de vida, según se dispone en la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

La sentencia estima en parte el recurso que presentaron los demandantes, que habían reclamado que la indemnización fuera de 2,2 millones por los graves padecimientos que sufre el niño a consecuencia de la infección nosocomial.

En su demanda, los padres expusieron que la mujer fue sometida a una cesárea urgente por sospecha de desprendimiento parcial de placenta, lo que se produjo cuando se cumplían casi 29 semanas de gestación, para nacer el bebé con 1.455 gramos de peso.

Este tuvo que ser intubado y sometido a ventilación mecánica, para contraer la infección a los pocos días, además de haber sufrido una pérdida de bienestar fetal por el desprendimiento de la placenta.

El TSJRM dice que existe una relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos y que la administración debe responder de ello por la vía de la responsabilidad patrimonial.

Y añade que la causante única de las secuelas no fue la infección, sino que fueron muchos los factores concomitantes, como la hemorragia intraventricular que padeció el niño, cuya causa directa se desconoce.

El tribunal reconoce, en base a los informes médicos incorporados a las actuaciones judiciales, que la infección nosocomial en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) Neotanales es prácticamente imposible.

Pero añade que por las fechas en que se produjo el alumbramiento se detectó un brote infeccioso, “lo que hace sospechar de la existencia de algún fallo”, y añade que incumbía a la administración demostrar que había adoptado las medidas precisas para evitarlo, lo que no ha hecho.

Y concluye que “la infección que sufrió el pequeño constituye un daño antijurídico que no tenía la obligación de soportar”, por lo que la administración debe responder de sus consecuencias.