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La Opinión de Murcia

Desaladora

El Ministerio decidirá quién autoriza la nueva desaladora

Una empresa creada por socios de la planta que explota la Comunidad presenta el proyecto a la CHS

Mario Urrea, con los promotores de la desaladora. | CHS

La empresa creada por socios murcianos de la desaladora de Escombreras que pretende construir una nueva planta para abastecer a las industrias de Cartagena tendrá que solicitar la autorización al Ministerio para la Transición Ecológica, según han informado fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Ante las discrepancias entre la Comunidad y el organismo de cuenca sobre quién debe tramitar las autorizaciones del proyecto, la CHS ha remitido a los promotores a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

La mercantil Montexplo, que está representada por José Caballero, hijo de uno de los socios murcianos de la de la desaladora propiedad del grupo ACS que explota la Comunidad Autónoma, presentó en el otoño de 2021 el proyecto de la nueva planta a la CHS, pero el organismo de cuenca consideró que el órgano encargado de realizar la evaluación de impacto ambiental era la Consejería de Medio Ambiente, mientras que este departamento remitía la responsabilidad a la Administración central.

Tal y como adelantó La Opinión, Montexplo proyecta la construcción de la nueva planta junto a la desaladora propiedad de Hydro Management con capacidad para tratar unos 25 hectómetros cúbicos anuales, equivalentes a a 72.000 metros cúbicos diarios. La inversión prevista podría acercarse a los 50 millones de euros, según las previsiones iniciales.

Representantes de la sociedad promotora se reunieron ayer con el presidente de la CHS, Mario Urrea, para presentarle el proyecto que dio a conocer el pasado otoño.

Según explicó la CHS en una nota de prensa, Mario Urrea «les informó sobre el estado de tramitación del expediente, ya que existen diferencias sobre los criterios acerca de quiénes son los órganos sustantivo y ambiental que deben autorizar la instalación, si la Administración General del Estado o la Comunidad Autónoma». Ante estas discrepancias, Urrea les ha comunicado la necesidad de remitir la documentación presentada a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente» para que se pronuncie. A partir de entonces «los promotores podrán continuar la tramitación».

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