El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) comenzó ayer a investigar la presencia de metales pesados en varias fincas de cultivos cercanas a la localidad de Estrecho de San Ginés, en Cartagena, ante los arrastres provocados por las lluvias de las últimas semanas sobre la Sierra Minera. En concreto, tomaron muestras de varias parcelas en el entorno de la rambla de Ponce, que desemboca en el Mar Menor. Estas explotaciones están ubicadas cerca de la corta minera Los Blancos, que sirvió de vertedero para los desechos de la balsa Jenny, en el Llano del Beal.
Las actuaciones se han llevado a cabo por orden del Juzgado de Instrucción nº4 de Cartagena, que investiga varias irregularidades en la gestión de los residuos mineros en este enclave al sur de la laguna. La erosión de los terrenos mineros provocada por las intensas precipitaciones ha generado arrastres y varias denuncias ya de organizaciones como Ecologistas en Acción y el propio Seprona, que reflejó en un informe «altas y concentradas dosis de metales pesados, como cadmio, plomo, níquel y zinc», en los arrastres que se estaban produciendo tras las lluvias.
La investigación parte de una denuncia de Ecologistas en Acción por los arrastres de estériles tras las lluvias
Técnicos de la Comunidad y miembros de la empresa Portmán Golf, propietaria de los terrenos adyacentes a la Balsa Jenny que también estaban generando problemas, estuvieron presentes durante la toma de muestras en estas fincas ubicadas en torno a la autovía de La Manga y a pocos kilómetros del Mar Menor.
Precisamente el juez de Instrucción requirió a principios de abril a la Consejería de Medio Ambiente que actuara sobre la balsa de forma urgente y en menos de 20 días para evitar que «las escorrentías y lixiviaciones detectadas en los últimos días no alcancen poblaciones cercanas, cultivos próximos y las ramblas de Mendoza y de Ponce, cuyo destino final es el Mar Menor».
Por dónde discurre el agua
Juan Carlos Blanco, miembro de Ecologistas en Acción, estuvo presente ayer durante la toma de muestras en cuatro puntos de esta zona vertiente a la laguna: «Estos cultivos se encuentran en zonas de paso del agua que llega desde la Sierra Minera y arrastra estériles mineros. Era importante analizar estos terrenos cuanto antes».
Los agentes del Seprona transmitirán la información recabada al juez instructor, que podría declarar como suelos contaminados en tal caso las fincas agrícolas donde se han recogido muestras, un hecho que impediría la actividad en esas tierras. Estas actuaciones estaban previstas llevarlas a cabo semanas antes pero por diversos motivos no ha podido ser hasta ayer.
La Comunidad deberá instalar un sistema de filtro activo de carbonato cálcico con barreras reactivas y otro sistema de canalización y recogida de aguas pluviales tras declarar hace escasos días de emergencia las obras destinadas la Balsa Jenny, ya que es titular de los terrenos.
Apuntan a las aguas residuales como las causantes de la degradación
La Fundación Ingenio ha presentado un estudio en el que se evidencia la existencia de factores como los fosfatos, el amonio, la bacteria E.colli y otros elementos químicos, «imprescindibles para la degradación ambiental y mortandad de peces y obviados hasta el momento». Estos factores «solo se pueden encontrar en las aguas residuales vertidas de forma sistemática y continuada desde distintas depuradoras, urbanizaciones sin red saneamiento y distintas ramblas como, por ejemplo, la del Albujón».
Además, apuntan que hay cifras «muy preocupantes» de las muestras tomadas en la salida de la depuradora de Torre Pacheco. «Una de ellas fue la alta presencia de E.Colli, con más de 80.000 unidades por cada 100 ml, cuando los niveles máximos aceptables son de 250 unidades por ml. Esto supone unos niveles de vertido 320 veces superior al umbral máximo permitido, cuya procedencia es exclusivamente de aguas residuales». Estos análisis, según la Fundación, ponen en evidencia «la falta de coordinación entre administraciones que ha provocado que a fecha de hoy no se hayan tomado las medidas necesarias para solucionar cuestiones claves como la no recogida de agua por la rambla del Albujón, el encubrimiento del mal estado de la red de saneamiento de los ayuntamientos ribereños, las decenas de urbanizaciones ilegales sin punto de vertido que terminan filtrando a la laguna o la existencia de 27 depuradoras, que en su mayoría no tienen ni la capacidad para el tratamiento correcto de aguas».
La Consejería de Agricultura ha contestado que «las depuradoras del entorno del Mar Menor cumplen escrupulosamente los límites de vertidos autorizados por la Confederación Hidrográfica, como se recoge en todas las analíticas», mientras que los desbordamientos de la red de saneamiento en caso de lluvia deben ser solucionados por los ayuntamientos y controlados por la CHS.
