El Consejo de la Transparencia ha dado un tirón de orejas al Gobierno regional por no aclarar las funciones asignadas a los asesores nombrados por los consejeros que ejercen como jefes de los gabinetes de prensa. El órgano que preside Julián Pérez Templado obliga al Ejecutivo a precisar el cometido que se le atribuye en los nombramientos oficiales al personal eventual designado a dedo, en respuesta a una reclamación del ex secretario general del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM) Diego Carvajal, que niega la posibilidad legal de que los asesores desempeñen labores institucionales de los funcionarios en las consejerías.
La decisión del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad y el buen gobierno en la Administración regional abre así el debate sobre las atribuciones de los asesores nombrados por los políticos como personal de gabinete, que desempeñan tareas asignadas los periodistas de la Oficina de Comunicación, no solo en la Comunidad, sino también en las demás administraciones públicas. La polémica entra también en la capacidad de los asesores eventuales para ejercer labores que adquieren un carácter institucional cuando actúan como interlocutores de los medios de comunicación de manera oficial.
Según los datos que aparecen en el Portal de la Transparencia, las consejerías y la Secretaría General de Presidencia tienen más de 40 personas contratadas como personal eventual, incluyendo los jefes de gabinete.
En la Oficina de Prensa hay nueve periodistas, según informa la Consejería de Hacienda.
Diego Carvajal, que forma parte de la plantilla de periodistas funcionarios de la Comunidad y fue director de la Oficina de Prensa antes de ocupar la secretaría general de RTRM, defiende en su reclamación que el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Regional del Empleado Público solo permiten al personal eventual realizar «funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial», mientras que «sus condiciones de empleo son las que se determinen en el acto de nombramiento».
Añade que el Estatuto del Presidente define los gabinetes como «órganos de apoyo político y técnico de los consejeros», pero «en ningún caso pueden ejecutar actos o adoptar decisiones que corresponden a los órganos de la Administración de la Comunidad ni desarrollar tareas propias de estos».
Tras la negativa de la Consejería de Hacienda a darle las explicaciones que pedía, el Consejo de la Transparencia le ha dado la razón a Carvajal y ha resuelto en el pleno del pasado 7 de abril que el Gobierno regional debe permitir el acceso a los nombramientos de los asesores en los que se establecen «las funciones o tareas que realizan y, puesto que están en puestos de prensa y comunicación, su relación con la oficina que se ocupa de coordinar estas funciones a nivel institucional», al entender que «la información solicitada es pública».
La Comunidad había rehusado dar el acceso a la documentación que contempla las estipulaciones de los nombramientos. A través de la Consejería de Presidencia respondió que «no existe otra información sobre el personal eventual objeto de la solicitud, salvo la documentación que contiene sus datos personales», y se limitó a remitir al solicitante a la web del Portal de la Transparencia.
A preguntas de La Opinión la Dirección de la Función Pública dice que «no tiene constancia de que haya existido nunca un conflicto competencial o de funciones entre el personal de los distintos grupos». Añade que «el personal eventual tiene funciones de confianza y asesoramiento especial y estas funciones se realizan con toda la amplitud que cada gabinete requiera».
Por otra parte, recuerda que «las funciones de los periodistas de la Oficina de Prensa, tal y como se dice en el Decreto de Estructura, son las de relaciones informativas con los medios de comunicación».
"Los eventuales no pueden hacer una labor institucional"
El exsecretario general del ente público RTRM Diego Carvajal sostiene que «los eventuales no pueden realizar labores de prensa institucional» que corresponden a los funcionarios de la Comunidad, por su carácter «institucional». Compara el nombramiento de los asesores como jefes de prensa con la posibilidad de que «los pleitos no los defendieran los abogados de los Servicios Jurídicos» o que «los proyectos de las carreteras no los hicieran los ingenieros de la Consejería de Fomento».
