La votación para sacar adelante el Plan Hidrológico del Segura hasta 2027 puso la atención ayer sobre los regantes, tanto de aquellos que dependen más del Trasvase Tajo-Segura para su supervivencia como de otros que tiran más de los recursos propios de la cuenca. Pero quien más tenía en juego por delante era el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, que logró el apoyo del Sindicato Central de Regantes (Scrats) al dejar por escrito en el plan de su demarcación el impacto socioeconómico y ambiental que supondría en el Levante los caudales ecológicos que se quieren fijar en el tramo manchego del Tajo y una referencia explícita a que el Trasvase no se toca.
La votación estaba salvada desde el principio al contar la Confederación y el Ministerio para la Transición Ecológica con apoyos suficientes para aprobar el plan de cuenca, pero el voto del Scrats era relevante. En los últimos días se han dado negociaciones al respecto, que terminan con la CHS asumiendo las tesis de los regantes, aunque Urrea ha venido advirtiendo en los últimos años del perjuicio en el sureste español si el Ministerio dejaba el caudal mínimo que quería en el Tajo entre Aranjuez y Bolarque. Los regantes del Trasvase, por tanto, logran meter un gol al Ministerio con un documento que cuestiona su planificación hidrológica.
« Son muchos miles de despidos a los que habrá que poner cara si se recortan los envíos»
La CHS, al actualizar su documento con los distintos escenarios en los caudales mínimos del Tajo y su réplica en el Segura, refleja que habrá un recorte de agua de 105 hectómetros cúbicos anuales, una pérdida de empleo de 5.000 puestos de trabajo y la inviabilidad productiva de 12.000 hectáreas de regadío en Murcia, Alicante y Almería. En términos económicos, el impacto sería de 122 millones de euros menos. Este reconocimiento del problema por parte de la Confederación y su inclusión en el plan convence al sindicato, ya que logran una base jurídica con la que presionar a la ministra Teresa Ribera. La tramitación del plan del Tajo va con retraso e interesa dar luz verde al documento del Segura antes que al de la otra cuenca.
« Nos encontramos con graves defectos de fondo, ya que esta reunión no debería haberse celebrado»
«Es atractivo»
La votación, que contó con la presencia del director general del Agua, Teodoro Estrela, salió adelante con 47 apoyos, 26 posiciones en contra y nueve abstenciones. «Un plan que recoja la necesidad de seguir recibiendo agua del Trasvase y las consecuencias fatales y reales del recorte [...] resulta muy atractivo», señala Lucas Jiménez, presidente del Scrats. «La política de fondo del Ministerio no nos gusta» subraya. Una política que tacha de «radical» pero deja claro que «aquí lo que estamos juzgando es el plan del Segura».
Urrea, cuando informó de los posibles impactos en el acueducto, trató de mostrar la parte positiva, y es que con los planes de ampliación de las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, previstos antes de 2025, el aporte para la agricultura levantina solo se vería recortado en 50 hm3.
En el texto final del plan se realiza un exhaustivo análisis de la situación que incluye una detallada referencia a las consecuencias negativas que supondría para la cuenca del río Segura una modificación de las reglas de explotación de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura. El efecto del descenso sobre las zonas regables del Trasvase, según se alerta literalmente en la memoria, supondría «un coste económico, social y ambiental totalmente desproporcionado para esta demarcación».
No convence a todos
Pese al voto positivo del Scrats, los regantes de la cuenca contaban con libertad de voto ayer y hubo una importante división entre ellos. La Junta de Hacendados (huertanos) o la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que dependen más del Trasvase, votaron en contra junto con la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura. Los regantes de Lorca se han abstenido mientras que las organizaciones agrarias Coag y Asaja han mostrado su rechazo también al plan.
Los representantes políticos de Murcia y Andalucía han votado en contra, al tiempo que la Comunidad Valenciana ha optado por el ‘sí’ al incluir la CHS en la revisión del plan el programa de medidas contra las inundaciones en la Vega Baja. Castilla-La Mancha se ha abstenido.
«Hoy el Gobierno de España vuelve a castigar a la Región», concluía ayer el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, molesto por no haberse aplazado la reunión para estudiar mejor la documentación técnica, como pedían también los regantes. «No recoge las medidas necesarias para garantizar los recursos hídricos» en Murcia y denuncia que no hay alternativas ante la falta de suministro de agua para abastecimiento y regadío en los territorios con acuíferos sobreexplotados que dependen exclusivamente de este aporte. Sin embargo, la posición del Gobierno regional termina por cojear ahora, al perder en este asunto como aliado al Scrats.
Caudales ecológicos mínimos en todos los ríos del Segura
El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, una vez esté aprobado por el Gobierno central, estará vigente hasta el 2027. El documento, definido como «realista» por la CHS, recoge un total de 739 medidas con una inversión de 3.153 millones de euros. La Confederación ha añadido a su plan, tras estar medio año en exposición pública, parte de las aportaciones recibidas en ese periodo y las consultas realizadas a lo largo de varios encuentros y conferencias por toda la cuenca.
La CHS aporta, por ejemplo, nuevas medidas para la mejora ambiental de cauces de la cabecera de la cuenca o actualizar el régimen de caudales ecológicos de los ríos de la demarcación. Siguiendo la línea medioambiental, se elaborarán también planes de ordenación y perímetros de protección de manantiales, especialmente para la comarca del Noroeste. Asimismo, las medidas de defensa contra avenidas en la Vega Baja y la cuenca vertiente al Mar Menor, así como el programa de actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica para recuperar la laguna, también se incluye.
Ecologistas vota en contra y ANSE se abstiene
Las organizaciones ecologistas tuvieron votos dispares en la reunión el Consejo del Agua de ayer. Ecologistas en Acción votó en contra del plan mientras que ANSE se abstuvo. En el caso de la primera organización, que estuvo representada por la bióloga Julia Martínez, ya denunció que el plan de cuenca del Segura regulariza los regadíos consolidados, es decir, «aquellos que son ilegales por carecer de autorización para un uso privado del agua». Además, señalaban que la planificación no incluye medidas para reducir la demanda agraria.
«Dentro de las novedades más reseñables destacan la fijación de caudales ecológicos mínimos en todas las masas de agua superficiales y el incremento del número de masas en riesgo por motivos cualitativos, al tiempo que se recogen nuevas propuestas de zonas vulnerables en las aguas subterráneas. También, por primera vez, se recogen las medidas del Ministerio para la Transición Ecológica para la Reservas Naturales Fluviales», señala la CHS en una nota de prensa.
La Confederación también modificará los usos a los que se puede adscribir el agua que queda laminada en los embalses de defensa contra avenidas, como ocurre ahora con el embalse de Los Rodeos en Las Torres de Cotillas. Se buscará la gestión coordinada de las masas compartidas con las demarcaciones del Júcar, Guadalquivir y las del distrito hidrográfico mediterráneo de Andalucía.
El Plan de Gestión de Riesgos de Inundación en la cuenca ya ha sido revisado y actualizado, a la espera de aprobación
El plan incluye dos nuevas actuaciones de laminación: la presa de Béjar y la presa de Tabala, y «solo prevé aquellos proyectos de transformación en regadío procedentes de planes anteriores, en particular culminar los correspondientes a los regadíos sociales de Albacete».
Los inventarios de las presiones sobre el territorio hidráulico que controla la CHS también se ha actualizado, contando ahora con la contaminación de origen agrario.
La CHS, por otro lado, también recoge lo garantizado al Sindicato Central de Regantes. Se incorporan al texto nuevos balances entre recursos disponibles y demandas a atender que añaden el resultado de la menor disponibilidad de recursos del trasvase. «Se ha incluido una previsión de la tarifa del agua del Tajo-Segura a 2027 y se han incluido nuevas tarifas de referencia para el agua desalinizada que posibiliten la viabilidad de su uso en riego, basadas en los precios fijados en el real decreto por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía».
La CHS modificará los usos del agua que queda laminada en los embalses de defensa contra avenidas
La Confederación Hidrográfica del Segura reunió ayer también al Comité de Autoridades Competentes para informar de la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de 2º ciclo en esta cuenca. Este plan incluye 127 medidas con una inversión superior a los 821 millones. Entre estas medidas, destacan 702 millones de euros para la protección frente a inundaciones, 106 millones para prevención y 13 millones en medidas de preparación.
