El incontestable apoyo social que ha recibido la iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor ha convertido a esta propuesta en un enorme movimiento social en defensa de la laguna. Tras superar la votación parlamentaria en el Congreso para que la ILP sea tramitada como ley, ahora queda trabajar en los aspectos más técnicos de la futura norma.
El PSOE y Unidas Podemos han solicitado tramitar por la vía de urgencia la propuesta de la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, de otorgar derechos propios a la laguna. Esto supone acortar los plazos para que antes de final de año esta quede aprobada tanto por el Congreso como por el Senado.
Frente a esto, los directores de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la UMU, Fernando Jiménez y Germán Teruel, profesores de Ciencia Política y Derecho Constitucional respectivamente, han enviado una carta al presidente de la Comisión parlamentaria, Juan López de Uralde, para que no se tramite la norma de forma urgente y lograr así «un mayor suelo jurídico» ante las «dudas» que suscitan los derechos propuestos para la laguna.
«Necesitamos un instrumento que obligue a las administraciones a coordinarse»
El temor de estos dos académicos es que, de aprobarse la ley tal y como está y de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, los magistrados podrían tumbarla, «suponiendo un descrédito para la iniciativa que daría alas a Vox», señala Teruel. El diputado de esta formación, Luis Gestoso, ya anunció que su partido recurriría la norma.
Jiménez y Teruel consideran que el articulado «no define bien las competencias» de las actuaciones encaminadas a proteger la laguna, «ya que costaría encajarlas en la tradición jurídica». En opinión de los dos profesores, la norma «introduce elementos ajenos al entorno jurídico que no tendrían un efecto real». El problema, señala Jiménez, no es normativo sino que está en el propio articulado de la ILP «porque plantea dudas sobre la gobernanza medioambiental del Mar Menor y el papel que jugarían los distintos actores afectados» dentro de las comisiones que se pretenden crear.
«Tal y como está planteada la ILP, podría ser tumbada por el Constitucional y dar alas a Vox»
Obligar a coordinarse
Teruel considera que es más sensato ver las figuras de protección a nivel europeo y estatal que existen para el medio ambiente, «aquellas que tengan muy consolidado el régimen jurídico», y aprovechar para «aportar mejoras» al texto. Duda de que la personalidad jurídica sea un instrumento apropiado para la protección de un ecosistema y apuesta por atender a modelos que se han impulsado en la recuperación de otras lagunas contaminadas como la de Tampa Bay, en Estados Unidos, donde la coordinación del proyecto de restauración la dirija un científico con «total independencia».
Antonio Salas, exmagistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, señalaba hace unos días que «toda la atención que se le preste al Mar Menor es imprescindible, pero la ‘personalidad jurídica’ es atributo de las personas -individualmente o en conjunto- y comporta la aptitud para tener derechos subjetivos y también obligaciones. No es el caso del Mar Menor».
El profesor de Ciencia Política apuesta por aplicar un «instrumento que obligue a las administraciones a coordinarse» ya que este aspecto ha retrasado y mucho las medidas de recuperación de la laguna. «Cambiar la legislación e inventar una nueva no va a tener sentido». Ambos expertos creen necesaria la comparecencia de juristas ambientales y científicos con experiencia en la regeneración de ecosistemas contaminados dentro de la Comisión y ven positivo que se impulse una acción popular para la defensa de la laguna, como recoge la ILP.
La Facultad de Derecho y la UMU se desvinculan
La junta de la Facultad de Derecho de la UMU, centro donde nació la ILP del Mar Menor impulsada por la profesora Teresa Vicente, acordó ayer desvincularse de la carta remitida por los dos académicos de la Universidad que ha sido enviada al Congreso y otorgaron «un apoyo explícito» a la iniciativa de la docente. Vicente señala que en la Facultad han existido debates previos a la presentación de la iniciativa para aportar mejoras y le resulta «miserable que envíen una carta ahora al Congreso para plantear dudas». La profesora no comparte el contenido expuesto por los dos académicos: «No entendemos este comportamiento». Vicente ha defendido que el derecho ambiental no ha logrado hasta ahora proteger la laguna y la ILP llega para blindar el ecosistema a nivel jurídico.
