La reforma laboral impide a las universidades y a los centros de investigación renovar a partir de ahora los contratos de los científicos al acabar los proyectos a los que están vinculados. El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, que este jueves intervino en una jornada sobre la reforma organizada por la asociación Dirección Humana, advirtió de que «lo normal es que a partir del 31 de marzo empiecen a caerse proyectos de investigación». Según sus cálculos, en la UMU hay 854 personas a las que sería imposible seguir contratando cuando expire el plazo para utilizar las modalidades que van a desaparecer a finales de este mes.
Añadió que el mismo problema se plantea también a la Politécnica de Cartagena y a los centros dependientes de la Comunidad Autónoma y de la Administración central, como el Imida o el Cebas, respectivamente.
Junto a Luján, en la mesa redonda participaron también el magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho del Trabajo de la UMU, Antonio Sempere; el director territorial de la Inspección de Trabajo, Fernando Vélez; y el socio fundador de Gálvez Abogados Laboralistas Juan Antonio Gálvez.
También la UPCT y centros como el Imida o el Cebas en la Región deberán aplicar el cambio legal
El rector, que es catedrático de Derecho del Trabajo, mostró su preocupación como «empleador» en una institución con 4.000 puestos de trabajo públicos por las consecuencias que la desaparición del contrato de obra y servicio tendrá en la continuidad de los equipos de investigación. «No sabemos qué hacer», dijo.
Luján explicó que las limitaciones impuestas por «la tasa de reposición tampoco permiten a las universidades contratar como trabajadores fijos a los investigadores», dado que «las jubilaciones no dejan vacantes suficientes» para los científicos que tienen un contrato de obra servicio con una duración vinculada a la financiación del proyecto en el que trabajan.
Calcula que en toda España hay «más de 25.000 contratos de investigadores pendientes de formalización debido a la inseguridad jurídica generada por la eliminación de la modalidad de contrato por obra o servicio», tal y como se puso de manifiesto en la reunión de los vicerrectores de Investigación de las universidades celebrada el pasado 10 de marzo en Toledo.
La Conferencia de Rectores aboga por una moratoria hasta que se pueda aplicar la Ley de la Ciencia
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) hizo público un comunicado, en el que indica que «la reforma laboral, dirigida entre otros aspectos a la reducción de la temporalidad en el mercado de trabajo, entró en vigor sin contemplar las implicaciones que la eliminación de la modalidad de contrato por obra o servicio, la más utilizada para la realización de proyectos de investigación y transferencia, pudiera tener en las actividades de investigación».
Los rectores ven necesaria la aplicación de una moratoria para los contratos de obra o servicio «al menos hasta la entrada en vigor la modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, propuesta para esta situación, que se encuentra actualmente en el trámite parlamentario para su aprobación. El problema es que no podría aplicarse esta excepción hasta 2023.
José Lujan debatió el cambio legal con el magistrado Antonio Sempere y el director de la Inspección Trabajo
Luján precisó que esta ley contempla en su disposición adicional 23 la posibilidad de que las universidades hagan «contratos de duración determinada vinculados a los correspondientes planes y programas», pero alertó de que esta fórmula «deja fuera toda la transferencia de conocimiento del sector privado». Los demás ponentes coincidieron en que las modificaciones introducidas en el texto legal que fue aprobado en el Congreso el pasado mes de febrero ha creado muchos interrogantes y deja lagunas sin resolver. En opinión del rector, el pacto remite «al Estatuto de los Trabajadores del año 80, modificado en el 94», en el que «se decía que un contrato es indefinido, salvo que se diga lo contrario».
El magistrado Antonio Sampere citó a Alfonso X para pedir un voto de confianza y apeló al sentido común hasta que las sentencias judiciales empiecen a sacarle punta a los preceptos más ambiguos. Entre los preceptos más difusos aludieron al cómputo de la antigüedad de los fijos discontinuos o la regulación de los 90 días en los se permite a las empresas hacer contratos temporales por necesidades imprevistas, así como el procedimiento de notificación en las empresas sin representación sindical.
El 22% de los contratos de trabajo dura menos de una semana
El nuevo director territorial de la Inspección de Trabajo, Fernando Vélez, que intervino como ponente en la jornada sobre la reforma laboral organizada por la asociación Dirección Humana, apuntó que la duración de los contratos laborales se ha reducido en 20 días desde 2007, pasando de 74,8 a 54 días en 2020. Precisó, además, que el 22% no llega a los siete días. Vélez abogó por «esperar a ver qué efectos tiene» la nueva reglamentación y apuntó que muchas de las situaciones en las que las empresas acudían al contrato temporal responden a necesidades «cíclicas, que se repiten año tras año», por lo que deben resolverse con fijos discontinuos.
