La primera pregunta que se hizo la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, cuando aterrizó en la Facultad del campus de La Merced es «por qué el derecho no protege a la naturaleza». Años después, sentada frente a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, la promotora de la iniciativa legislativa popular para otorgar de personalidad jurídica al Mar Menor ha recordado ese largo camino que implica ver cómo «ha fracasado el derecho ambiental» hasta la necesidad de abordar que un ecosistema «pueda plantear sus propios derechos» con un nuevo modelo jurídico innovador y transparente que garantice esa protección.
A Vicente le han acompañado decenas de vecinos y defensores de la laguna que ayudaron a impulsar la recogida de apoyos. En dos autobuses, uno desde Los Alcázares y otro desde Murcia, un centenar de personas apoyaron la ILP desde la famosa Carrera de San Jerónimo. Dentro de la Cámara Baja, nada más darle la palabra el presidente de la Comisión y diputado de Unidas Podemos, Juan Antonio López de Uralde, a la defensora de los derechos medioambientales le suena el teléfono, intenta quitarle el sonido, y tras esto recordó a su público que llegaba a Madrid «con el mandato de más de medio millón de personas».
El ecosistema podrá ejercer su defensa con la participación de órganos colegiados "independientes"
La iniciativa legislativa popular aterrizaba este martes en el Congreso de los Diputados para defender en una ponencia la urgente necesidad de plantear «una nueva conciencia ecológica» ante el «fracaso de las autoridades competentes» en proteger la laguna. Más de 600.000 firmas respaldan la acción que nació en 2019 en la Clínica Jurídica de la UMU y cuya promotora Teresa Vicente se puso al frente tras publicar un artículo en el periódico LA OPINIÓN donde abrió el debate de ser pioneros en Europa protegiendo a nivel jurídico un ecosistema.
La profesora ha tratado este martes de convencer a los diputados que conforman la Comisión de la necesidad de reformar el ordenamiento jurídico español, como el Código Civil o las leyes ambientales que engloban el Mar Menor, para dar encaje legal al proyecto de ley que comienzan ahora a debatir en el Congreso.
«El máximo beneficio económico»
«Se ha considerado al Mar Menor un objeto para su explotación económica sin límites», señalaba Vicente, que ha estado acompañada en la Comisión por el abogado ambientalista Eduardo Salazar. Frente a los diputados de varias formaciones ha recordado las diferentes presiones que han dañado el Mar Menor, tales como la presión urbanística «desaforada», los vertidos de salmuera, una mala planificación del regadío en el Campo de Cartagena, los metales pesados y tantas otras vías de contaminación por las que han pretendido obtener de la laguna «el máximo beneficio económico».
La nueva norma supondría un límite sobre otros derechos como el de la propiedad privada o la libertad de empresa
Vicente ha subrayado que esta iniciativa que tendrá como meta obtener el rango de ley supondría un límite sobre el ejercicio de otros derechos como el de la propiedad privada, libertad de empresa o de desarrollo económico en favor de combatir las conductas que dañan el Mar Menor. «El ecosistema podrá ejercer sus propios derechos con la participación de tres figuras que serán órganos colegiados independientes: la comisión de representantes, el de seguimiento y un comité científico independiente». Los derechos «subjetivos» que se otorguen a la laguna vincularán de forma obligada a «todas las administraciones públicas».
Turno de oficio ambiental
La promotora ha puesto encima de la mesa la necesidad de que la defensa jurídica de la laguna la pueda ejercer cualquier ciudadano de forma gratuita, sin gastos por los procedimientos, al igual que crear un turno de oficio de abogados para acompañar en el proceso judicial o incluso el pago a los vecinos «por el bien que han hecho» ante denuncias contra agresiones de calado. En la práctica, la ley debería recoger el principio de pronatura (precaución y prevención a favor de los recursos naturales), la acción prioritaria en la protección de la naturaleza o la reparación de los daños ambientales causados.
Esos derechos subjetivos pretenden «acelerar los procedimientos judiciales» ante las amenazas al Mar Menor, para que «ante cualquier agresión» no se dilaten los tiempos de acción dentro de la Justicia, y como tal ha puesto de ejemplo el caso Topillo, cuya labor de investigación comenzó en 2016.
Un centenar de personas apoyan a Teresa Vicente y a la ILP frente al Congreso
La comparecencia de la promotora de la ILP del Mar Menor, Teresa Vicente, estuvo respaldada por un centenar de personas, la mayoría vecinos de Murcia, que se concentraron frente a las puertas del Congreso de los Diputados con pancartas y la ya mítica canción de Nunatak: ‘Sol y sal’. A esta protesta se sumaron fedatarios de País Vasco, Navarra, Valencia, Barcelona o Madrid que ayudaron a recoger firmas para alcanzar el medio millón de apoyos necesarios para que la iniciativa entrara en el Congreso de los Diputados. Miembros de Pacto por el Mar Menor o Ecologistas en Acción, además de otros colectivos, estuvieron acompañados de políticos como la coordinadora de Ciudadanos en la Región, María José Ros, la única alto cargo de Murcia que viajó en autobús, o el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera. La concentración ayudó a demostrar el respaldo social con el que cuenta la iniciativa.
La iniciativa espera ser aprobada por el Pleno del Congreso en mayo
La iniciativa para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, con la intención de dejar de considerarlo como un objeto para ser tratado como un sujeto, emprende su marcha dentro del Congreso. Tras la ponencia de la profesora de la Universidad de Murcia y promotora de la ILP, Teresa Vicente, toca ahora que la propuesta pase por el Pleno del Congreso para su aprobación mientras las formaciones políticas estudian qué enmiendas pueden aportar al texto base presentado por la jurista experta en asunto ambientales.
Con los plazos que se estiman en la Cámara Baja, la iniciativa podría pasar por el Pleno en mayo, y una vez aprobada, ya que cuenta con el respaldo suficiente de la fuerzas políticas, entraría en una revisión por parte de la Comisión de Transición Ecológica. Aquí los partidos pueden ir aportando ideas al texto, algunas de las cuales ya se escucharon ayer como posibles ayudas a los sectores económicos afectados por el mal estado de la laguna, la restauración de la cuenca vertiente, limitaciones a la agricultura y ganadería o pensar también en el desarrollo normativo posterior que conllevará la aprobación de la Ley.
Al ser de rango superior por aprobarse a nivel estatal, cualquier punto podría afectar a la Ley regional del Mar Menor. En tal caso, el ordenamiento jurídico en general sufriría cambios en función de qué aspectos novedosos introduzca una norma de protección novedosa en España y Europa. Será en la Comisión de Transición Ecológica donde se debatan las enmiendas mientras que podrán convocarse nuevas ponencias dentro de este órgano de trabajo del Congreso. Una vez se apruebe por la Comisión, el pleno del Congreso deberá hacer lo mismo si no se presentan enmiendas que frenen el texto y después el Senado deberá refrendarlo.
