Coto al regadío ilegal en la cuenca del Segura. En los dos próximos años la Confederación Hidrográfica del Segura quiere tener un mapa actualizado y bien delimitado de las parcelas destinadas al regadío agrícola que no tienen derecho de concesión de aguas y no están apuntadas en los registros del organismo de cuenca. El escenario en el que hasta ahora se ha centrado la CHS, el Campo de Cartagena con sus 8.460 hectáreas de regadío ilegal, se amplía con una operación muy técnica que tampoco le pone tiempo al corte de suministro de agua o restitución de los terrenos.
Dos años para detectar estos cultivos ante la realidad de que existe un «cierto número de aprovechamientos que, pese a estar en plena explotación y ser de considerable importancia, carecen de cualquier tipo de inscripción» en los registros de la CHS, «por lo que en esa superficie se está llevando a cabo un uso privativo de agua sin autorización». El organismo de cuenca ha sacado a licitación el contrato, con un presupuesto de 1,8 millones, y en el que reconoce que esta situación que se produce en la cuenca es «insostenible».
El foco estará puesto sobre las comarcas murcianas del Altiplano y el Noroeste, junto con el sur del Albacete, las zonas donde la CHS ha registrado mediante detección por satélite que son las más afectadas, ya que están vinculadas a la extracción de agua de acuíferos sobreexplotados, un control complejo de acometer y sobre el que no se ha puesto todos los esfuerzos necesarios. La CHS estima que podría existir en toda la cuenca una cifra «equivalente» a las hectáreas de riego sin derecho que se han detectado en el Mar Menor (sin contar con ellas). Un dato muy provisional por ahora pero que dejaría un total de 17.000 hectáreas.
«Toda el agua que desean»
La CHS no es ajena a la «presión social», creciente ante casos conocidos recientemente como la extracción ilegal de agua subterránea en la Sierra de Almenara que acabó con una operación de la Guardia Civil donde fueron detenidas tres personas e investigadas otras 17 por regar 24 parcelas entre Águilas y Lorca durante años. «Se da la circunstancia de que los aprovechamientos con recursos procedentes de agua subterránea, al no tener característica alguna definida ni contadores volumétricos, están extrayendo libremente toda el agua que desean», advierte la Confederación. Por lo que el problema no estaría en cuántas hectáreas son regadas, sino cuánta agua se roba a los acuíferos.
El plan afectará a los regantes de Valdelentisco
El plan para detectar los regadíos ilegales no solo afecta a los que se abastecen de agua subterránea sino también de las desaladoras. La CHS quiere controlar aquellos que reciben, por ejemplo, recursos de la planta de Valdelentisco pero que no tienen concesión. El fin del decreto de sequía en 2019 dejó sin cobertura legal a algunos regantes que compraban agua de esta planta y que no pueden regularizarla. La Confederación ya emitió un aviso hace meses para que la empresa estatal Acuamed, que gestiona la planta, dejara de vender a estas explotaciones que no se han regularizado. Muchos de ellos acabaron sancionados por el organismo de cuenca.
El organismo que dirige Mario Urrea prevé, tras consultar este periódico, que en un corto plazo de tiempo dé a conocer las denuncias por regadío ilegal en la cuenca que se han tramitado en los últimos años. Los esfuerzos del personal de la Comisaría de Aguas se han centrado en el Mar Menor, hasta el punto de que han tenido que ampliar personal para tramitar los expedientes sancionadores, «pero ello no implica que en otras zonas no estemos actuando».
El 65% de los acuíferos del Segura están sometidos a «presiones significativas» por la extracción de agua, y a partir de 2027 esa sobreexplotación debería desaparecer para cumplir con la normativa europea. A las futuras restricciones planteadas para los acuíferos del Altiplano o del sur de Albacete se suman los de las cuencas del río Argos, Quípar y Mula, donde la CHS prevé reducir las aportaciones al regadío que dependen de estos recursos y regular las extracciones en función de los niveles piezométricos de las masas de agua subterránea.
Digitalizar las extracciones
La Confederación quiere darse prisa en digitalizar el Registro de Aguas aprovechando la financiación de los fondos de recuperación europeos. Reconocen que existe un problema a día de hoy ante la falta de información en los puntos de toma de agua, algo que se pretende subsanar instalando contadores que informen de forma automática y al instante. «El Ministerio encargará a la empresa Tragsatec un ambicioso pliego de servicios que posibilitara esta mejora de la digitalización en el medio plazo».
El fin de los trabajos para detectar los regadíos ilegales iría aparejado, al menos, con la tramitación de un expediente sancionador si las parcelas no están inscritas en los registros de la CHS. En la próxima planificación hidrológica del Segura hasta 2027, el organismo de cuenca ha dibujado una hoja de ruta en lo referente al expolio del agua subterránea: incrementar la policía de la Comisaría de Aguas, identificar y clausurar extracciones ilegales; así como medidas destinadas «al control de superficies de riego mediante la adaptación de las concesiones para el regadío al plan de cuenca en su tercer ciclo (2022-2027), la prohibición de nuevos regadíos basados en recursos propios, la revisión de concesiones a las necesidades reales» o limitación de agua para nuevas concesiones.
