El campo murciano tiembla. El sector agrario dejó ayer en las calles de Murcia otra manifestación «histórica», unas movilizaciones que se han ido repitiendo en los últimos años ante problemas crónicos que terminan enquistándose en una actividad económica con gran presencia en la Región. Tras dos años desde la última gran movilización en Murcia del sector agrario y una pandemia de por medio, el campo se siente más asfixiado por un conjunto de agravios que hacen restar rentabilidad a la agricultura y a la ganadería.
Las principales organizaciones agrarias de la Región y convocantes de la manifestación, Coag, Asaja y UPA, lograron reunir a 5.000 trabajadores del campo y a 500 tractores y camiones llegados de todas las comarcas murcianas y de provincias cercanas como Alicante y Almería. Empresas, cooperativas y comunidades de regantes pararon ayer su actividad para sembrar en la capital «una unidad de acción» contra las administraciones regional y estatal.
Murcia es una parada más del ‘tour’ de protestas del campo, que tendrá sus siguientes movilizaciones en Ciudad Real, Valencia y con una guinda en Madrid el 20 de marzo, donde se exigirán mesas de negociación para plantear medidas reales. Si no existen soluciones a corto plazo, el sector ya se plantea una huelga indefinida como medida de presión. «Si no hay soluciones inmediatas, habrá que plantear otro tipo de acciones, sin violencia, pero para dejar claro que si el sector para, la sociedad no come», remarcaba ayer el presidente de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez.
En la boca de los agricultores que llegaban para ocupar la Gran Vía de Murcia estaba el problema de los reducidos pagos que perciben por sus productos y que ven cómo se va incrementando su precio conforme pasan de eslabón en la cadena de distribución; los altos costes de producción derivados de un encarecimiento de las materias primas y la amenaza del recorte en el Trasvase Tajo-Segura.
La reforma laboral, los seguros agrarios o el control e inspección de los contratos a raíz de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria son otros puntos donde el campo demanda mejoras. «No podemos aceptar esa reforma laboral donde se pone límite a la temporalidad. El campo tiene unas particularidades que no han tenido en cuenta y vamos a pedir renegociar este punto», apuntaba ayer Santiago Martínez, presidente de Fecoam, quien coincidía en remarcar junto con Mariano Zapata, presidente de Proexport, el paro «masivo» logrado por el sector este miércoles.
Debate interno
Todas estas piedras en el camino eran la columna vertebral de la protesta de ayer, a la que se sumaba el debate social de las implicaciones de la actividad agraria y ganadera en el medio ambiente: macrogranjas, contaminación de suelos y acuíferos o bienestar animal. El sector buscaba ayer un punto de apoyo para alejarse de la mala imagen que ofrecieron algunos ganaderos durante los altercados en Lorca hace escasas semanas por la regulación de las explotaciones. «Somos gente honrada, producimos alimentos de calidad para todo el mundo. El sector se ha echado a la calle para lanzar un llamamiento de emergencia: el campo se muere», señalaba al término de la protesta el presidente de Coag Murcia, José Miguel Marín, quien pidió apoyo para los ganaderos lorquinos a los que se «criminaliza».
«Lo que pasó en Lorca nunca debió ocurrir. Queremos reivindicar nuestros derechos y nuestro trabajo, siempre de forma pacífica, y buscar soluciones para los costos que tenemos ahora por el pienso o la luz», explicaba Alfonso Galera, vicepresidente de Asaja Murcia y ganadero en Fuente Álamo, «sabemos que hay que hacer frente a nuevas normativas que regulan el sector pero ya venimos de producir carne de muy buena calidad».
El debate, incluso, se produce entre trabajadores dentro del propio sector. Los agricultores de pocas hectáreas en el Campo de Cartagena ven con recelo el impulso en los últimos años de las grandes empresas agrarias; el secano, y más concretamente los viñedos, pierden terreno en el Altiplano en favor de un aumento del regadío en una comarca cuyos recursos hídricos solo llegan de acuíferos sobreexplotados; el crecimiento de grandes explotaciones ganaderas acaba, también, por enfrentar a unos y a otros y la denuncia de la subida del salario mínimo choca con los escasos euros que reciben algunos jornaleros a la hora.
Reconocimiento social
«Hoy (por ayer) hemos recuperado el reconocimiento social, nos han aplaudido. Hay sectores que se han empeñado en meternos a todos en el mismo saco llamándonos agroindustria, pero aquí, en esta calles, hay pequeños y medianos agricultores que están buscando futuro», subrayaba Marcos Alarcón, secretario general de UPA Murcia, ante los manifestantes congregados frente a la Delegación del Gobierno.
«Si pretenden poner a la sociedad en nuestra contra, no lo van a conseguir», señalaba Gálvez ante el mismo auditorio. Las tres organizaciones estuvieron de acuerdo en que esta protesta es el último grito de auxilio, un SOS que deja la pelota del problema del agro en el tejado de las administraciones. «El sector es víctima del peor comunismo y del peor capitalismo. La democracia exige que los políticos trabajen para el pueblo y los sectores económicos». En esta premisa, los agricultores reclamaban ayer medidas para garantizar el relevo generacional ante el cierre «cada día» de pequeñas y medianas explotaciones, y poner el foco de atención ya en la despoblación y riqueza de los pueblos.
El presidente de Coag arengaba a los manifestantes con un titular claro: «Queremos normas que nos ayuden, no boletines oficiales que cada día sacan algo que nos complican un poco más nuestro trabajo».
Europa
En esta protesta ha estado presente, y mucho, Europa. El dardo de las reivindicaciones alcanza Bruselas por los acuerdos comerciales con terceros países, donde, denuncian, no se marcan las mismas exigencias fitosanitarias para los productos exportados que para los españoles. La reforma de PAC, por otro lado, tiene en vilo al reparto de ayudas en la Región por el temor a que el secano y la ganadería extensiva se queden sin apoyos.
Los regantes lo dejan claro: «No van a recortar el Trasvase del Tajo»
El tema del agua es uno de los pocos puntos polémicos por los que protestaban ayer los agricultores y que, a su vez, se negocia ahora mismo con la administración central. No el Trasvase Tajo-Segura, que de cumplirse todos los pronósticos estará condenado a un recorte de 100 hectómetros cúbicos en unos años, cuando se fijen los máximos caudales ecológicos que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere en el Alto Tajo.
El presidente del Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, Lucas Jiménez, denunció ayer la «politización de la planificación hidrológica» en España y puso como ejemplo que la suma de las nuevas demandas a las que tendrá que hacer frente las reservas del Tajo para abastecimiento urbano en Madrid y Castilla-La Mancha incluidas en los nuevos planes de cuenca del Tajo llegan hasta los 100 hectómetros cúbicos. Con esta cantidad «estarían cubiertas las necesidades de la población, la industria y la agricultura de Alicante, Murcia y Almería».
Al presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manolo Martínez, le llamaba la atención ayer que «el Gobierno de España esté alertando ya del riesgo de sequía y a su vez planifique unos caudales ecológicos en el Tajo que nos hacen perder recursos en la cuenca del Segura». Los regantes están en plenas negociaciones con el Ministerio para subvencionar el agua desalada de la planta de Torrevieja, una oferta que llega a 36 céntimos. Insuficiente esta cifra para Scrats, que aprieta para acercar la cifra a los 30 céntimos, contando con que luego el precio aumenta por el transporte, pérdidas y otras contingencias. Coag, Asaja y UPA, ante los manifestantes, dejaron claro que no van a permitir «ningún recorte del Trasvase».
«De todo por lo que protestamos hoy, al Campo de Cartagena lo que más le afecta es nuestra artería, nuestro principal recurso: el agua del acueducto. La comarca tiene una sequía estructural que obviamente si no contamos con un recurso como el Trasvase, que está en tela de juicio, nos abocarán a un agua de peor calidad como la desalada», aportaba Natalia Corbalán, directora de la Fundación Ingenio.
