Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y Ucoerm, se reunión la pasada semana en calidad de presidente de CEPES con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para analizar la Reforma Laboral en las empresas de la Economía Social, así como los aspectos que preocupan a la entidad en este sentido y que no han sido incluidos en la nueva legislación.
Acompañando a la vicepresidenta, asistió el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey; y acompañando al presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, asistieron el presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado; el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca y Carmen Comos, directora de CEPES.
En el encuentro, que fue «positivo y constructivo”», se fijó una hoja de ruta que establece reuniones técnicas con los colectivos afectados y modificaciones de algunas normas, como la Ley de Empresas de Inserción, la Ley de Cooperativas o la Ley de Economía Social
Durante el encuentro, que CEPES calificó como «positivo y constructivo», Juan Antonio Pedreño aseguró que tanto la entidad como toda la Economía Social «están en sintonía con la filosofía que persigue la Reforma Laboral de generar un empleo estable, reducir las desigualdades, eliminar la precariedad y apostar por los jóvenes; que son, en definitiva, retos coincidentes para avanzar en mejorar la vida y los derechos de las personas».
A pesar de mostrar su apoyo al grueso de la nueva norma, la patronal de la Economía Social quiso trasladar a Díaz las «preocupaciones sectoriales no resueltas» en la misma. En concreto, se manifestaron inquietudes respecto a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, las Cofradías de Pescadores, las Cooperativas Agroalimentarias y las Cooperativas en general.
En este sentido, el presidente de CEPES y Ucomur trasladó su interés de haber participado «más activamente» en el debate previo a la redacción de la norma, «ya que algunas de los temas que se plantearon en la reunión se podrían haber analizado y solucionado en el texto normativo». Por ello, fijaron una hoja de ruta que establece reuniones técnicas con los colectivos afectados y modificaciones de algunas normas, como la Ley de Empresas de Inserción, la Ley de Cooperativas o la Ley de Economía Social.
Empresas de inserción
Con respecto a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, CEPES se refirió al retorno de personas en exclusión de las empresas de inserción, «que una vez que entran en el mercado laboral ordinario, pueden recaer en su motivo de exclusión y tienen que volver a la empresa de inserción». Esta problemática, dijeron, resulta «difícil» de abordar con la Reforma Laboral, ante lo que, reconocieron, «hay voluntad» de resolverla en el marco de la nueva Ley de Empresas de Inserción.
Cofradías de Pescadores
En cuanto a las Cofradías de Pescadores, se plantearon tres temas importantes en los que se acordó mantener una reunión más técnica para abordarlos. Los reclamos en este sentido se centraron en la necesidad de encontrar una fórmula contractual para los trabajos puntuales que realiza el personal de descarga de los barcos con personal no fijo, hasta ahora cubiertos con el contrato de obra y servicio; en el «importante» aumento de coste que va a suponer la cotización adicional al finalizar cada contrato temporal inferior a 30 días, para lo que se sugirió que se excepcione a las empresas pesqueras del Régimen Especial del Mar al igual que ya ocurre con otros colectivos como las empleadas del hogar o la minería; y en cómo solucionar los problemas del registro horario en los trabajadores del mar y que ello no afecte a su salario.
Cooperativas
En relación a las Cooperativas Agroalimentarias, se planteó, por un lado, cómo aplicar la Reforma Laboral a las campañas agrícolas de más de 90 días, como en el caso del olivar o de las frutas y hortalizas. Por otro lado, se trasladó la preocupación por la falta de mano de obra en el campo, para lo que se propuso potenciar programas de contingencia con determinados países para garantizar personal estable, e incluso potenciar esta contingencia con planes formativos en el país de origen.
Respecto a las Cooperativas en general, se puso de manifiesto la importancia de hacer ajustes en la legislación cooperativa a nivel estatal y autonómico para evitar discrepancias con la Reforma Laboral.
Por último, se puso encima de la mesa la casuística de los contratos vinculados a proyectos financiados con fondos comunitarios. Hasta ahora estos contratos eran de obra y servicio vinculados a cada proyecto. Si se aplica la Reforma Laboral, las entidades tendrán que asumir los costes de indemnización que no es un coste elegible en este tipo de proyectos. En este sentido se pidió aplicar a esta casuística la excepcionalidad que ya contempla la Ley para el Sector Público.
Exclusión de la Economía Social en la normativa
Durante la reunión, Juan Antonio Pedreño, mostró asimismo su preocupación por la exclusión de la Economía Social ante normativas tan importantes como el Proyecto de Ley de Empresas Emergentes, el Proyecto de Ley de Creación y Consolidación de Empresas, actualmente en tramitación parlamentaria, o la Ley de Residuos, que ya ha llegado al Senado.
En este sentido, se destacó la necesidad de generar mecanismos de coordinación y participación para que la Economía Social pueda participar en la actividad legislativa programada por el Gobierno para los próximos meses de manera que se contemple en todas las normas legislativas a la pluralidad de fórmulas jurídicas del ordenamiento jurídico español. Entre la agenda legislativa inmediata, se encuentran: el Plan Anual Formativo, la Ley de Empleo, la Ley de Formación Profesional, la Ley de la Vivienda o la Ley de Servicios Sociales, la nueva ley de industria, entre otras. Todas ellas son de gran interés para las empresas de Economía Social.
Además, en el encuentro también se abordó la inminente aprobación del PERTE de la Economía Social y Economía de los Cuidados, sobre la que se están ultimando los detalles y la dotación presupuestaria y que, en breve, será aprobada por el Consejo de ministros y anunciado públicamente por el presidente del Gobierno.
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