Macarena Olona, diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, participa este miércoles en la manifestación de los agricultores y ganaderos en Murcia y, en declaraciones exclusivas a LA OPINIÓN, ha criticado que el Gobierno de España, "por puro sectarismo ideológico y por esa Agenda 2030 que criminaliza a nuestro sector primario, convierte a sus trabajadores en presuntos criminales, como vemos en las denuncias absolutamente falsas de esclavitud y de vulneración sistemática de derechos laborales en el campo". En este sentido, y al hilo de las polémicas de declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la ganadería intensiva, afirma que "para macrogranja, lo que tenemos en el Gobierno de España".
"Una hora de Falcon tiene más emisiones de CO2 que 16.000 vacas en nuestros campos"
Sobre las inspecciones al campo que han sacado a la luz irregularidades en el sector, la dirigente de Vox asegura que el Ejecutivo central "vive de espaldas a los datos y a la realidad", por lo que "hace del supuesto, la normal". "Habrán casos en las que no se cumplan, pero no hay que criminalizar al sector. Nosotros nos basamos en la realidad del campo", ha subrayado.
Olona insiste en que tampoco hay que criminalizar a los agricultores de la situación del Mar Menor. "Cuando hablamos de la religión climática, solo hay que tener en cuenta que una hora de Falcon, el avión militar oficial al que tanto se suben los ministros y el presidente del Gobierno, tiene más emisiones de CO2 que 16.000 vacas en nuestros campos".
"Irresponsable reforma laboral"
La recientemente aprobada reforma laboral "supone la puntilla para el sector primario", considera la diputada, que ha recordado que hace dos semanas ya advirtió a la "ministra comunista" (Yolanda Díaz) que hoy estaría en Murcia "al lado de nuestro sector primario para denunciar su irresponsable reforma".
"Nuestro campo ha salido a la calle y están llenando Murcia de dignidad con sus tractores"
"Nuestro campo ha salido a la calle y están llenando Murcia de dignidad con sus tractores. Estamos a su lado como lo estamos en cada una de las instituciones en donde tenemos representación", ha señalado.
Ha recordado que hace dos días recibió a un grupo de pequeños agricultores de la Comunidad Valenciana y de Granada que le expusieron que la nueva norma "va a suponer un encarecimiento para las explotaciones agrarias y ganaderas por los costes de producción, que ya estaban muy por encima del precio de venta, algo a lo que tampoco se ha puesto remedio a través de la ley de Cadena Alimentaria".
Cree que "la principal objeción que se tiene que hacer a esta reforma laboral es que no se ha tomado en consideración que la temporalidad es intrínseca a nuestro campo" y que "no significa precariedad". De esta forma, apunta a que "ahora se obliga a nuestros ganaderos y agricultores a contratar a través del contrato del fijo discontinuo. Solo pueden acudir a los temporales por un máximo de noventa días que no pueden ser continuos". En este sentido, explica que "nuestro campo está sujeto a circunstancias temporales, como puede ser el tiempo de recolección, de cosecha, climatología... No puedes exigirle a un agricultor que tenga contratados de manera fija, con los costes salariales que eso supone, a un trabajador durante todo el año cuando únicamente presta servicios durante cuatro meses". Si, además, prosigue, "tenemos en cuenta el caso de contratación de personal extranjero, ¿cómo voy a contratar de manera fija discontinua a una persona de Marruecos que no sé si el año que viene va a querer volver a venir?". .
"No puedes exigirle a un agricultor que tenga contratados de manera fija a un trabajador durante todo el año cuando únicamente presta servicios durante cuatro meses"
Macarena Olona ha criticado que, mientras que "esta reforma laboral pretende poner fin a la temporalidad, en la administración pública es donde se produce la mayor tasa de temporalidad y el mayor fraude en la contratación temporal". Tanto es así, ha añadido, "que para solucionarlo se echa a la calle a 800.000 personas, mayoritariamente mujeres mayores de 55 años, aplicando la indemnización prevista por la reforma laboral de 2011".
