Gobierno y sector agroalimentario buscarán influir en los distribuidores

El nuevo Observatorio de Precios de la cadena alimentaria echó ayer a andar con el apoyo del Gobierno regional junto con Coag, Asaja, UPA, Fecoam, Proexport, Apoexpa, Fecoam, Agrupal y Ailimpo. Esta herramienta busca garantizar que se cumpla lo reflejado en la ley de la cadena alimentaria, que marca la prohibición de la venta a pérdidas de los agricultores. Este observatorio, que funcionará como informativo, definirá de forma objetiva el coste de producción de cada alimento, a la vez que permitirá conocer la evolución del precio del producto a lo largo de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor.

En la primera reunión se ha consensuado la metodología de la iniciativa que se usará en la identificación de los precios y en el análisis de su evolución, lo que a la postre debería impedir la venta a pérdidas y garantizar precios justos para los agricultores y ganaderos, evitando así abusos en la distribución.

El observatorio será un instrumento de información, no sólo para los productores, sino también para los distintos agentes de la cadena comercial de productos agrarios, «que aportará transparencia sobre la formación de los precios», precisó ayer el consejero de Agricultura, Antonio Luengo. Para favorecer la difusión de la información se creará una web a la que podrá acceder cualquier interesado.

Insistió en que el observatorio de precios «por sí solo y con el único objetivo de publicar los precios de producción no es útil», y aseguró que para que lo sea «debemos convertirlo en una herramienta que nos permita ampliar el conocimiento de nuestro sector primario, analizar a nuestros competidores, así como los mercados y, a partir de ahí, ser capaces de tomar decisiones estratégicas».

La intención es dar respuesta grave crisis por la que atraviesa el sector debido a los bajos precios que se pagan por los productos y el incremento exponencial de los costes de las materias primas, la energía, el plástico o los fertilizantes que necesitan para la producción.

La primera reunión ha permitido tomar en cuenta la visión de agricultores y ganaderos en el desarrollo normativo, lo que favorecerá la competitividad de la actividad agraria.