Héctor Illueca, anterior director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que hace cinco meses dejó el Ministerio que ha sacado adelante la reforma laboral para incorporarse al Gobierno valenciano, ha ofrecido una conferencia en Murcia este viernes organizada por la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Actualmente es vicepresidente de la Generalitat Valenciana y consejero de Vivienda. Illueca vivió en la Región hasta los 14 años y mantiene vínculos familiares con Murcia.

¿La nueva regulación de los contratos temporales va a suponer un cambio tan radical?

Sin ninguna duda. Creo que la reforma laboral tiene una virtud fundamental: por primera vez en la historia de la democracia se va a de poner coto a la temporalidad y la precariedad en el empleo. El objetivo fundamental es precisamente convertir el contrato, el indefinido, en la regla general en las relaciones laborales en nuestro país. Y lo hace desplegando un abanico de medidas que creo que van a ser efectivas y que se van a notar a corto plazo. De hecho, ya se están notando.

¿Cuáles son las medidas con más transcendencia?

Se elimina el contrato de obra y servicio, se establecen límites eficaces a los encadenamientos y se refuerza el papel de Inspección de Trabajo, con sanciones realmente disuasorias. Creo que la reforma constituye un giro copernicano en las políticas sociolaborales de los últimos años. Además, deja sin efecto los puntos más lesivos de la reforma de 2012, que tenían que ver con la devaluación de la negociación colectiva y la pérdida de la fuerza vinculante de los convenios, que provocaron una devaluación salarial en España en los peores años de la anterior crisis.

¿Es muy optimista prever que la mitad de los eventuales de la Región pasarán a ser fijos?

Aquí se había instalado algo más que un uso fraudulento de la contratación temporal, se había instalado una cultura empresarial de gestión de la mano de obra con contratos temporales que estaba precarizando la vida de colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres, los jóvenes o la población inmigrante. Las empresas aún tienen la flexibilidad necesaria para recurrir a un contrato temporal cuando exista una necesidad puntual.

Una encuesta realizada por CC OO y UGT en la hostelería revela que el 53% de los trabajadores ha cobrado en negro.

Sinceramente, me parece que el refuerzo que ha experimentado la Inspección de Trabajo en esta legislatura va encaminada a drenar esas bolsas de fraude que existen. Es muy importante que el Estado tenga herramientas normativas y administrativas que le permitan actuar con eficacia. La economía sumergida y el fraude a la Seguridad Social se traduce en una pérdida de derechos para las personas afectadas y en una competencia desleal entre empresas.

¿Qué se puede hacer ante este tipo de situaciones?

Cuando se habla de fraude no hay que generalizar. Estamos ante conductas que efectivamente perjudican al conjunto y que exigen una intervención de los poderes públicos, pero hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, porque no son conductas generalizadas.

¿Cuando era director de la Inspección de Trabajo ha percibido más fraude en esta zona?

Además de ser director de la Inspección he sido 15 años inspector de Trabajo y he tenido la fortuna de poder vivir en comunidades del norte y del sur. Y ya le digo yo que fraude hay en todos los sitios y que este tipo de conductas deben ser atajadas por los poderes públicos. No me parece bueno señalar a ningún territorio, lo importante es fortalecer a la Inspección incrementado sus competencias y dándole más poder al Estado para conseguir un mercado de trabajo más saneado.

Las empresas de la Región se han quejado de que reciben inspecciones constantes.

No quiero entrar en polémica. Entendimos que las restricciones derivadas del estado de alarma podían colocar a la población trabajadora en una situación de especial vulnerabilidad y desplegamos campañas de inspección que también se habían producido otros años y creo que el reguero de casos que han ido apareciendo en los medios de comunicación ha evidenciado la eficacia de las actuaciones inspectoras. Hay hechos que son suficientemente elocuentes y al final nos han dado la razón.

La reforma de las pensiones crea grandes interrogantes.

Desconozco los términos en los que puede estar debatiéndose en el Gobierno, porque llevo cinco meses fuera, pero hay dos cosas muy importantes: la gente mayor ha luchado mucho por defender las pensiones públicas; además, lo ha pasado muy mal en la pandemia. Hemos vivido unos meses muy duros, pero ellos lo han sufrido más que nadie. Sin la lucha de los pensionistas hoy no habrían sido posibles los avances en la defensa y dignificación del sistema público de pensiones. Hemos eliminado el 0,25% y las pensiones se han incrementado con arreglo al IPC. Hay acuerdo para que la financiación se produzca no solo a través de las cotizaciones sociales, sino también a través de los Presupuestos Generales del Estado para superar una concepción neoliberal. Todo esto no es un regalo de nadie, lo han conseguido ellos con su lucha y con su defensa del sistema público. Además, me parece sano y saludable el asociacionismo de los pensionistas, que mantengan sus reivindicaciones y marquen su propia agenda.

Han conseguido un aumento del 2,5%, pero la inflación se ha disparado al 6,5% y ahora reclaman también esa diferencia.

Tienen razón, pero eso es algo que debe verse en el cómputo anual. Y cuando llegue ese cómputo, se aplicará la media de acuerdo con los acuerdos que existen. En todo caso, me parece muy bien que las asociaciones de pensionistas defiendan el sistema público y que sus reivindicaciones vayan por delante de los políticos, porque nadie les ha regalado nada. Si no, al final los políticos podemos acabar relajándonos.

También están reivindicando un mejor servicio a las entidades financieras y han acudido al Gobierno para denunciar el abandono que perciben.

Pues llevan mucha razón. Ha habido alguna ocasión en la que he ido al banco y he visto formas de tratar a las personas mayores que no me han gustado un pelo. Creo que la gente merece toda la consideración y todo el respeto. Son la generación que nos crió, que nos cuidó y que levantó este país a pulso y hay que tenerles un respeto en este y en otros ámbitos. Yo soy vicepresidente del Gobierno valenciano y dirijo las políticas de vivienda que se están convirtiendo en un pilar fundamental para el bienestar de la ciudadanía. Pero hasta no hace mucho tiempo este era un país en el que le quitaban las casas a la gente pobre y echaban de sus viviendas a las personas mayores. Se está trabajando para que esos tiempos no vuelvan jamás, planteando una oposición permanente frente a los desahucios sin alternativa habitacional. Es importante ser conscientes de que esta generación merece mucho respeto, merece muchos cuidados por nuestra parte y tener en cuenta la voz de la experiencia.

El jubilado valenciano que ha recogido firmas parece haber conseguido que el Gobierno le dé la razón. ¿Cree que la Administración debe ir más lejos?

Lo primero que habrá que hacer es tomar medidas y, evidentemente, las administraciones públicas tendrán que intervenir. Nosotros procuramos en el ámbito de nuestras competencias llegar lo más lejos posible. Yo le he remitido una carta a la ministra Calviño para hablar del futuro de las viviendas de la Sareb. Hay 144.000 en el país, 10.000 en la Comunidad Valenciana. El Gobierno va a tomar el control accionarial y se va a convertir en una sociedad pública. Le he escrito para intentar arbitrar mecanismos que permitan transferir esas viviendas a la Generalitat, porque muchas de ellas son el resultado de desahucios.