La cruzada que están llevando a cabo varias familias de un colegio de educación especial de Alcantarilla contra las expulsiones de alumnos con discapacidad como medida correctora ha llegado hasta el Ministerio de Educación. En una carta enviada el pasado martes a la madre de una de las alumnas del centro educativo, que ha llegado a ser expulsada del colegio por mantener un comportamiento que ha alterado la convivencia escolar, el Ministerio viene a dar un toque de atención a la Comunidad.

Pese a que la expulsión de un alumno con discapacidad está contemplada como medida correctora ante una falta muy grave, según el decreto de 2016 que establece las normas de convivencia en los centros de enseñanza, Educación señala en su misiva que la Lomloe (ley Celaá) «incide en reforzar la equidad y el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para todas las personas». Este derecho está «reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, para que este derecho llegue a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad», es decir, también a los alumnos que son usuarios de los centros de educación especial.

El Ministerio recuerda que «las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas» y que las Administraciones autonómicas «facilitarán» que los centros puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento: «Un centro específico de Educación Especial, como cualquier otro, tiene que elaborar sus normas teniendo en cuenta los recursos extraordinarios de que dispone y la especificidad del alumnado que escolariza».

Plan individual

Este grupo de familias del colegio de Educación Especial Eusebio Martínez de Alcantarilla denuncia varias expulsiones de alumnos del centro en los últimos cinco años sin que se estableciera una evaluación conjunta de la problemática de los menores que tuviera en cuenta a los profesionales que les atienden y a los padres. En concreto, señalan que se ha optado antes por la expulsión que por establecer un plan individual de apoyo conductual positivo para el usuario del centro, como recoge la normativa regional.

Las quejas se han elevado a varias instituciones, como la presidencia de la Comunidad, la Consejería de Educación, el Consejo Escolar o el Ayuntamiento, pero solo han recibido respuesta del Ministerio, señalan. Por lo pronto, este grupo de familias indica que se ha llevado a cabo la recogida de centenares de firmas para que el colegio de Alcantarilla retire de su plan de convivencia la posibilidad de expulsar a un alumno con discapacidad al «no ser consciente de sus actos».

Este tipo de actuaciones se perciben como «obsoletas» por las familias: «Este curso se han tipificado faltas que no corresponden a las capacidades ni características de nuestros hijos». Este periódico intentó ayer recabar la opinión del colegio, sin éxito.

La Consejería defiende las acciones del colegio


La Consejería de Educación señala que los profesionales del centro de Alcantarilla que han tratado a la alumna, cuya madre ha movilizado la protesta de varias familias más, han cumplido con los protocolos de actuación y que se garantiza la educación inclusiva tanto en este colegio como en el resto de centros. La expulsión se ha producido ante una situación límite que obligaba a establecer esta medida correctora, e incluso Educación señala que el centro ha puesto a trabajar a un auxiliar educativo con la madre para avanzar en mejorar la conducta de la hija.