La Fiscalía ha tramitado desde 2019 en la Región de Murcia seis expedientes vinculados con los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica.

LA OPINIÓN ha podido acceder a esta información después de que se conociera que este lunes el PSOE registró una proposición no de ley en el Congreso para crear una comisión independiente, liderada por el Defensor del Pueblo, para esclarecer este tipo de abusos.

Los procedimientos penales abiertos en la Región son seis denuncias recogidas en los juzgados de Murcia, San Javier y Cartagena; tres de las cuales acusan a un mismo sacerdote que estuvo destinado en San Pedro del Pinatar. Otro de los casos sucedió en Cartagena y otro, en Murcia. Un último procedimiento tuvo lugar en Argentina, pero su autor residía en la Región en el momento de la denuncia, por lo que la Audiencia Nacional asumió sus competencias.

Según ha informado el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, estas denuncias han llegado al Ministerio Público gracias a la colaboración de la Diócesis de Cartagena. «Hablé con el obispo en 2019 y manifestó su predisposición. Desde entonces, el vicario judicial entabló una relación fluida con la Fiscalía y han ido comunicándonos todas estas situaciones», explica.

Fue en el mismo año cuando José Manuel Lorca Planes puso en conocimiento de la Fiscalía de la Región la denuncia de presuntos abusos sexuales a un menor de edad cometidos por el sacerdote A.L.Z., ya expárroco de San Juan Bautista de Yecla y excapellán del Hospital Virgen del Castillo. Se trataba de la primera denuncia de la que tenía constancia la Diócesis, pero llegarían dos más, y todas ellas hacían referencia a su etapa como sacerdote en San Pedro del Pinatar.

Hasta el momento, sobre este cura pesan dos denuncias por abuso sexual y una por agresión sexual. En las primeras, las víctimas manifestaron haber sufrido tocamientos por parte de este religioso. En estos casos, la Fiscalía pide cinco años de prisión en uno de los casos y dos penas de cuatro y seis años en el otro (ya que, presuntamente, abusó de dos menores que tenían algún tipo de relación entre ellos). En cuanto a la agresión sexual, que incluye un intento de penetración al menor, la Fiscalía pide 12 años de prisión.

A P.S.P., monitor del Seminario Menor de San José, en Santomera, le piden diez años de cárcel y una indemnización de 5.000 euros a la víctima por haber abusado de un menor de diez años. Cuando la denuncia llegó al Obispado, también en 2019, este individuo ya trabajaba como seglar de profesor de religión.

El caso de Cartagena se conoció el pasado mes de abril. S.J.R.S., entonces cura de la iglesia de San Antonio Abad, en la demarcación conocida popularmente como San Antón, también fue acusado de abusos sexuales cometidos contra un menor.

Un agravante en las penas por la relación de superioridad

Es el artículo 183 del vigente Código Penal el que hace referencia a los abusos sexuales a menores. Con carácter general, el abuso sexual a menores de 16 años se castiga con pena de prisión de 2 a 6 años, incluso aunque exista consentimiento.

En este artículo también se regulan algunos agravantes para la pena de este delito cuando concurran determinadas circunstancias. Se incrementarán las penas, dice la norma, si las víctimas se hallan «en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia». También si el abusador se ha aprovechado «de una relación de superioridad», lo que sería aplicable no solo a una agresión cometida por un padre hacia un hijo, sino también a la perpetrada por un sacerdote para abusar, por ejemplo, de un monaguillo.

Según el propio Díaz Manzanera, estos casos ocurrieron «hace siete, ocho y hasta nueve años» y ya hay escritos de acusación para todos ellos, excepto uno.

A la espera de que los acusados se sienten en el banquillo (ya hay fecha para la vista oral de dos de ellos: para el próximo mes de abril y para el verano de 2023) y un juez dirima si deben ser condenados penalmente, desde la Diócesis de Cartagena ya anunciaron en 2019 que siempre actuarán ante estos «delitos execrables» de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley de Protección Jurídica al Menor y «de acuerdo con la política de cooperación con la jurisdicción estatal exigida por el Papa Francisco y que se refleja en el artículo 19 de su último Motu Proprio Vos estis lux mundi».

En este sentido, ante denuncias como estas, el Obispado prohíbe a estos sacerdotes el ejercicio de la actividad religiosa de forma cautelar (mientras siga el procedimiento abierto) y se obliga a los demandados a fijar su residencia en la Región para quedar a disposición de la Justicia. Además, en los casos más graves, se inicia un trámite con el Vaticano para adoptar medidas más severas, que pueden llegar incluso hasta la expulsión del religioso.

Esta información ya ha sido trasladada por Díaz Manzanera a la Fiscalía General del Estado, después de que esta institución haya solicitado a las fiscalías autonómicas el número de procedimientos penales en tramitación que tengan como objeto denuncias y querellas por comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios u otras instituciones religiosas.