El polémico reparto de los fondos con cargo a la prueba piloto del Gobierno de España para financiar proyectos de inclusión social vinculados al Ingreso Mínimo Vital sigue dando que hablar. La indignación en el seno del Gobierno regional no cesa y no están dispuestos a que los murcianos olviden o que los partidos de izquierda tergiversen lo ocurrido: "Una afrenta discriminatoria contra los sectores más vulnerables de la sociedad murciana", según el Gobierno regional.
La concesión de estas ayudas se realizó en octubre de 2021. La dotación total alcanzaba casi los 110 millones de euros, de los cuales 68 estaban reservados para las administraciones regionales.
Hace solo unos días, la dirección nacional del PP denunció que el 81,3% de este dinero, en su mayor parte procedente de fondos europeos, ha acabado en manos de comunidades autónomas gobernadas o cogobernadas por el PSOE. Es más, dos de las comunidades con el índice de riesgo de exclusión social más alto, Murcia y Andalucía no han recibido ni un solo euro, mientras que País Vasco, Navarra, Aragón o Asturias, que tienen los mejores índices de renta media del país, sí han recibido una cuantiosa suma; entre esas las cuatro autonomías han absorbido el 40% de los fondos.
En su descargo, el Ministerio de Inclusión Social aseguró que Andalucía y Murcia no habían recibido las ayudas porque «no presentaron proyecto alguno a la primera convocatoria». Fuentes ministeriales aseguran que se realizó una comunicación formal, por escrito, a todas las CCAA, además de reuniones ad hoc para explicar en qué consistía la convocatoria. «A partir de ahí, unas decidieron participar y otras no», señalan. Además, destacan que «no se rechazó ningún proyecto de los que se presentaron a la convocatoria».
No tardó mucho en responder el Gobierno regional, que aseguró que, tras unos contactos preliminares para desarrollar el proyecto piloto de inserción, valorado en unos 5 millones de euros, el Ministerio desapareció, no dio más información ni comunicó cómo sería el cauce para establecer el convenio. Ahora, la vicepresidenta regional, Isabel Franco, ha ofrecido más detalles de lo ocurrido. Según Franco, el Ministerio justificó la interrupción de las comunicaciones por el cese de la funcionaria que hacía de interlocutora entre el Gobierno de España y la Comunidad, la que fuera subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, Macarena Gamir Linares. Ese argumento no es creíble para la vicepresidenta: «Qué va, nos toman por tontos, fue lo que hicieron para tener una razón para no seguir hablando con nosotros».
Franco explica que el primer contacto con la Comunidad en este proceso comenzó antes del verano. «Desde el primer momento ya fue muy extraño porque, normalmente, el sistema del trabajo del Ministerio es convocar a todas las comunidades, crear grupos de trabajo, y poner en común esa información en reuniones intersectoriales, donde cada una de las comunidades se posicionan delante del resto. De esa manera, todas reciben la misma información y todas conocen la posición del resto. En este caso, no fue así», advierte.
La vicepresidenta sostiene que el Gobierno central prefirió establecer un cauce mucho más oscuro para favorecer a las comunidades gobernadas por el PSOE: "Evitar la concurrencia competitiva y pública y emplear la concesión directa tras mantener reuniones bilaterales con cada una de las administraciones autonómicas".
«Si tienes claro que vas a manipular este reparto, empiezas desde el principio así, convocando reuniones bilaterales. ¿Por qué lo haces? Porque no quieres que se conozcan qué conversaciones se están estableciendo con otros territorios», señala Franco, que asegura que les han «tomado el pelo» y que el reparto ha ido premeditadamente dirigido a los territorios donde el PSOE apoya o está en el Gobierno. «¿Quién se ha quedado atrás?, pues curiosamente Castilla y León, Andalucía y Murcia», indica.
Habrá un segundo intento
Hace unas semanas se cerró el protocolo de acceso a una segunda convocatoria de proyectos de inclusión social vinculados al Ingreso Mínimo Vital. En este ocasión, la Comunidad sí ha podido presentarse y ya habría cumplimentado el llamado ‘manifiesto de interés’ donde ha explicado en qué consistiría el futuro proyecto que opta a los fondos europeos. De momento, se desconoce los pormenores de la propuesta regional y la inversión que se requerirá, aunque parece probable que se acerque a a los 5 millones de euros, la cuantía que se perdió en la primera convocatoria.
