Alrededor de 700 personas fueron descubiertas en la Región en un año defraudando a las arcas del Estado, según los datos que maneja la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Región de Murcia. Entre estas personas, hay muchos extranjeros que fingen vivir en la comunidad murciana, siendo mentira, y cobran el paro desde su país. Y también hay muchos murcianos pillados in fraganti: vivir fuera y estar percibiendo una prestación, como si se estuviese en búsqueda activa de empleo, no está permitido.
El comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Región de Murcia, Victoriano Martínez, y la inspectora jefa en funciones de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif), Mª Inmaculada Donoso, explican a LA OPINIÓN que la Brigada de Extranjería y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) organizan todos los años controles de presencia, ahora telemáticos por la covid, en los que hallan también a personas suplantando la identidad de otras, con una orden de expulsión del territorio nacional o que se encuentran en busca y captura.
En estos controles se detectan cada año a cientos de personas que, aunque se encuentran cobrando prestaciones por desempleo en España, han regresado a vivir a su país de origen.
"Devuelven siempre el dinero porque, cuando vuelven a trabajar, se les retiene", concretan desde la Brigada
La normativa establece que, si una persona está cobrando una prestación contributiva o el subsidio por desempleo y se traslada al extranjero dicha prestación o subsidio se extinguen.
De hecho, si una persona está cobrando el paro y decide viajar al extranjero, ha de comunicarlo en la oficina de empleo.
Si el afectado tiene previsto estar fuera del país, sea por el motivo que fuera, tiene que informar por obligación al Sepe y podrá seguir cobrando el paro con toda normalidad siempre que se le autorice. La comunicación debe hacerse en la oficina de empleo para que durante esos días en el extranjero no cursen para la persona que se va ninguna citación obligatoria o curso de formación. Hay un impreso que se ha de rellenar y entregar.
Si no comunica al Servicio Público de Empleo Estatal el viaje, supondrá una infracción que dará lugar al inicio de un procedimiento sancionador, cuya sanción es la extinción del derecho.
Los comunitarios "es más difícil de detectar si han salido de España" al no tener sello en el pasaporte
Martínez y Donoso valoraron que en la Región existe una «muy buena sintonía» con el Sepe, especialmente con su equipo jurídico, con el cual trabajan desde 2012 en virtud de unas Instrucciones normativas internas dadas a nivel nacional, para controlar estos fraudes a las arcas del Estado. «El primer control que se hizo fue en Yecla de 2013», rememoran. Desde entonces, cada año detectan a cientos de infractores, que han de devolver el dinero.
Ambos responsables de Extranjería en la Región apuntaron que «en los controles fronterizos quedan registradas las entradas y las salidas» de las personas, pero hay que pedir autorización para viajar. El problema es que hay gente que no es que se vaya de viaje, sino que regresa a su país de origen, y no dice nada al Sepe y sigue cobrando el paro. O murcianos que se van, por ejemplo, de cooperación internacional, con la idea de recibir el paro cada mes.
Al ser ahora online, no se detectan algunas irregularidades, como si alguien va con ropa de trabajo o papeles falsos
Volviendo a los controles, Martínez y Donoso comentan que se hacen con una muestra de 200 personas sobre 2.000, las cuales son todas perceptoras de prestación por desempleo o de otro tipo, de las cuales es habitual que la mitad haya cometido aluna infracción.
En 2019, antes de que la covid convirtiese en virtuales los controles, se hicieron siete actuaciones del Sepe y Extranjería mano a mano. En concreto, en los municipios de Lorca, Murcia, Molina de Segura y Cartagena, y se puso bajo la lupa a 1.400 personas, extranjeras y también españolas. Si se suman las cantidades defraudadas por los infractores detectados en la totalidad de los controles de ese año (alrededor de 700, según los cálculos de la Brigada), el resultado total es de más de dos millones y medio de euros. Dinero que tuvo que ser devuelto por quienes lo habían cobrado sin tener derecho a ello.
El año anterior, 2018, se hicieron menos controles, y en municipios menos poblados: fueron cuatro, en Cehegín, Mula, Moratalla y Murcia, y se detectó una suma de 928.000 euros a devolver por todos los infractores.
«Lo devuelven siempre porque, cuando vuelven a trabajar, se les retiene», concretan el comisario y la inspectora. Es el Sepe el que se ocupa de redactar los expedientes sancionadores. Aunque los infractores recurran, poco tienen que hacer, ya que «los recursos los han perdido todos, la letrada del Sepe ha ganado siempre», valora Extranjería.
Mes y medio de antelación
En cuanto a la forma de organizar los controles, se montan con mes y medio de antelación como mínimo. «El Sepe manda la carta, con acuse de recibo, y la tiene que mandar dos veces, para asegurar que la persona esté completamente citada», apuntan desde Extranjería, a lo que añaden que «luego hay que preparar el recinto y citar a las personas, que acuden con su pasaporte y permiso de residencia». «Pedimos al Sepe que potenciara esto y hay gente dedicada exclusivamente a organizar los controles», especifican. Y es que «la Región se lo ha tomado en serio» para luchar contra este tipo de fraude que daña al dinero de todos los contribuyentes. La coordinación entre la Brigada y el Sepe es total, siendo este servicio un organismo que funciona muy bien con funcionarios muy implicados en su labor.
Lamentan que en enero de 2020 ya estaban organizados todos los controles que se llevarían a cabo de forma presencial en la comunidad, pero el coronavirus trastocó los planes. Ahora, con los controles por Internet, «al ser online, solamente se puede ver la infracción de si han salido al extranjero, pero no ves otras que sí aparecen de forma presencial, como cuando alguien se presenta con ropa de trabajo o documentación falsa, o usurpando la identidad de otra persona», apunta la Policía.
El perfil del infractor
A la pregunta de cuál es el perfil del infractor pillado en la Región defraudando al Sepe por cobrar el paro viviendo fuera de España, desde Extranjería concretan que suele tratarse de un varón, de entre 35 y 55 años, de origen magrebí. «Están más cerca del territorio nacional que, por ejemplo, un sudamericano, tienen más facilidad para ir y venir», detallan.
En el caso de ciudadanos comunitarios, «se les sanciona si se detectan otras cosas, pero es mas difícil de detectar si han salido de territorio nacional o no». Ocurre esto, por ejemplo, con búlgaros y rumanos, que no es necesario que sellen el pasaporte para volar hasta su país de origen. Los españoles también pueden viajar solo con su DNI por Europa.
Una curiosidad: no se sanciona a los chinos. Desde que hay controles de este tipo en la Región, no se les ha pillado nunca cometiendo una ilegalidad, apuntan desde Extranjería.
Cuando se descubren otros delitos, como suplantación de identidad o falsificación de documentos (brasileños que falsificaban la carta de identidad portuguesa y fingían ser comunitarios, por ejemplo), personas que se presentan por otras o se descubre a personas buscadas por la Justicia, la Policía actúa.
