Las leyes traen en muchas ocasiones consigo conceptos oscuros que hay que aclarar porque no terminan de dar certeza y seguridad a quienes deben aplicarla, y esto ha ocurrido con la norma que protege el Mar Menor. Un informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia encargado por el Ayuntamiento de Cartagena ha despejado dudas sobre qué proyectos urbanísticos en torno al Mar Menor quedan paralizados por la moratoria a la construcción recogida en la ley.

Esta paralización temporal de los desarrollos urbanos o industriales en torno a la laguna es por un periodo de tres años, tiempo fijado en la ley para que esté aprobado el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, la herramienta administrativa que deberá aclarar los usos del suelo en el litoral de la albufera.

Y mientras la construcción sigue en este tiempo de espera, el Consejo Jurídico ha venido a aclarar uno de los artículos de la Ley del Mar Menor que no definía bien las limitaciones urbanísticas que tienen cinco planes parciales en Cartagena, con diferente grado de tramitación cada uno de ellos. Estos proyectos se sitúan dentro del área de exclusión que señala la moratoria, en vigor hasta verano de 2023, y que de una u otra forma fueron ‘reactivados’ por los propietarios de los terrenos o promotores ante el temor de que esta parálisis por ley les dejara sin opciones.

Aclarados los «conceptos oscuros» donde «no puede saberse con absoluta claridad, certeza y seguridad lo que el autor ha pretendido disponer» con ellos, los grandes proyectos residenciales de Novo Carthago, El Vivero y La Loma de Mar de Cristal quedan paralizados al no tener aprobados el proyecto de urbanización, ni siquiera de forma inicial. Entre estos tres planes urbanísticos suman más de 7.500 viviendas y alojamientos turísticos, a los que hay que añadir otros servicios que pretendían llevar a cabo los promotores como campos de golf o locales comerciales.

En el caso de El Vivero, plan proyectado a los pies del Mar Menor, el Ayuntamiento llegó a solicitar al Gobierno central que adquiriera los terrenos para paralizar definitivamente las intenciones de las mercantiles Herjoespha y Portmán Golf, promotoras del proyecto.

Con el respaldo del Consejo Jurídico, el Consistorio respira tranquilo con el freno a unos proyectos que consideraba lesivos para el Mar Menor. Aunque acumulen años de historia, habían logrado dar algún paso en los farragosos trámites urbanísticos para salir adelante y, en el caso judicializado de Novo Carthago, la actual vicealcaldesa de Cartagena y responsable de Urbanismo, Ana Belén Castejón, había puesto especial empeño en paralizarlo.

Vía libre a otros dos planes

Por otro lado, dos de los proyectos sobre los que también se tenían dudas eran el del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos y el Plan Parcial de Los Belones-Este. Ambos tenían aprobado de forma inicial el proyecto de urbanización antes de que entrara en vigor la Ley, un punto que para el Consejo Jurídico permitiría seguir tramitando los dos planes para obtener el visto bueno definitivo y llevarse a cabo.

En el caso del primero, se pretende dar un uso comercial a los bajos abandonados del centro comercial Las Dunas. En el segundo, se pretende ampliar la localidad de Los Belones con la construcción de 700 viviendas. El informe jurídico entiende que, al tener el proyecto de urbanización aprobado, se da la casuística de que sería un terreno colindante a un suelo urbano consolidado, ya que, según fuentes municipales, consistiría básicamente en ampliar o ensanchar el casco de Los Belones, algo permitido por la norma.

«Inseguridad jurídica»

El Consistorio ya había planteado estas dudas a la Comunidad ante la «inseguridad jurídica» que ofrecía la Ley del Mar Menor en lo referente a lo urbanístico. Sin embargo, la respuesta venía a decir que no es competencia de la Comunidad aclarar esto.

El Consejo Jurídico aconseja que, «dada la trascendencia de las decisiones urbanísticas» que deben adoptar los ayuntamientos afectados, «se debería establecer un mecanismo de comunicación y facilitación» con la Consejería de Fomento «que permita dar a conocer los sucesivos avances que se vayan produciendo durante la elaboración del referido Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor», un proyecto cuya redacción fue adjudicada a finales del pasado año. Dicho plan tendría que estar aprobado en un año y medio, y de no estarlo volvería a crearse otro contexto de inseguridad jurídica que perjudicaría a los ayuntamientos. Frente a esto, una reforma de la Ley de la laguna permitiría volver a aplicar otra moratoria de ser necesario.

Novo Carthago, la eterna urbanización judicializada

Novo Carthago, la eterna urbanización judicializada Loyola Pérez de Villegas

La recalificación de los terrenos donde está proyectado la macrourbanización Novo Carthago ha llevado a estar imputados a altos cargos de la Comunidad desde que el caso quedara judicializado hace casi 20 años. El plan urbanístico promovido por la empresa Hansa Urbana pretendía construir más de 6.000 viviendas más campos de golf en la diputación de San Ginés de la Jara, un proyecto al que se le ha puesto trabas en los últimos años para frenarlo. El juicio por este caso se celebrará en 2023, año en el que también termina la moratoria urbanística. La superficie del proyecto suma más de cinco millones de metros cuadrados.

El Vivero, el proyecto más polémico para el Mar Menor

El vivero loyola Pérez de Villegas

El proyecto urbanístico El Vivero, al lado de las salinas de Marchamalo, es otro de los polémicos planes en torno al Mar Menor que pretende edificar 634 viviendas en terrenos ganados al mar. Promovido por las mercantiles Herjoespha y Portmán Golf, El Vivero es sin duda el proyecto que más crítica social ha ocasionado y por el que incluso se solicitó al Gobierno central que adquiera los terrenos para lograr su protección frente a la especulación urbanística. El Ayuntamiento teme que al consolidar derechos urbanísticos, los promotores puedan solicitar una hipotética indemnización económica cada vez más grande. 

La Loma de Mar de Cristal: viviendas residenciales y hoteles

La Loma de Mar de Cristal Loyola Pérez de Villegas

Carece de proyecto de urbanización aprobado, y ha sido probablemente de los planes urbanísticos menos mediáticos. La empresa Convasa es quien pretendía promover la construcción de más de mil viviendas residenciales u hoteles en un terreno de más de 300.000 metros cuadrados. A raíz de la moratoria urbanística, el caso se reactivó con la intención de avanzar en la tramitación para consolidar los derechos de los propietarios y, previsiblemente, revalorizando así el coste económico de los terrenos. La ordenación de este terreno es realmente complicada al aglutinar múltiples dueños.

Castejón: "La laguna no puede soportar más presión urbanística"

La consulta jurídica al órgano consultivo de la Comunidad da ahora seguridad a los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, que veían complicado avanzar en los trámites administrativos de estos proyectos por la «inseguridad jurídica» que plantea la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. En este punto, el Consejo Jurídico le da la razón al argumento de la vicealcaldesa de Cartagena y responsable del área de Urbanismo, Ana Belén Castejón, quien planteó la consulta, alegando que la norma llega a emplear «conceptos jurídicos indeterminados».  

«Los trámites administrativos en materia de ordenación del territorio y licencias dejan poco margen de maniobra a los ayuntamientos para paralizar proyectos que cumplan con la normativa sin exponer al municipio a indemnizaciones millonarias si no tienen la suficiente base legal», señala la vicealcaldesa, de ahí la consulta a este órgano de expertos. «Compartimos plenamente la opinión del Consejo Jurídico, y este dictamen da seguridad jurídica a nuestros servicios técnicos».

Castejón defiende que el Ayuntamiento se ha posicionado en favor del argumento de que el Mar Menor «no puede soportar más presión urbanística». El Consejo Jurídico «nos indica que hay tres grandes proyectos en tramitación que se ven afectados por la moratoria impuesta por la Ley, concretamente, Novo Carthago, Mar de Cristal y el Vivero, los cuales estaban en una fase muy incipiente de su tramitación». 

Las Dunas y Los Belones, a la espera de aprobar su proyecto definitivo

La indefinición de la Ley del Mar Menor dejaba también en el limbo dos proyectos cuya tramitación están muy avanzados, defiende la Concejalía de Urbanismo de Cartagena, y que, a su juicio, «no debían verse afectadas» por la moratoria urbanística. El proyecto comercial de las Dunas de Cabo de Palos, que viene a solucionar un problema de más de 30 años de los comerciantes de dicha localidad, tenía aprobada de forma inicial el proyecto de urbanización antes de que entrara en vigor la norma que protege la laguna. 

Centro comercial Las Dunas en Cabo de Palos FELIPE GARCIA PAGAN

Fuentes municipales señalan que, pese a que está incluido el terreno en el área de exclusión que no permite construir nuevos desarrollos urbanísticos, esta superficie comercial no tendría una vertiente hacia el Mar Menor, sino al Mediterráneo, por lo que «reforzaría» la idea de que no debería estar afectada por la moratoria. Dos décadas lleva esperando el centro comercial a obtener la licencia correspondiente y en los últimos años la tramitación de la normativa referente al Mar Menor ha impedido que avance. 

Para el caso del plan parcial Los Belones-Este, cuya reparcelación se aprobó en 2008, el proyecto contemplaría una superficie de 344.000 metros cuadrados y donde se estimó la construcción de en torno a 700 viviendas. Este caso fue uno de los consultados previamente a la Comunidad para comprobar la afección de la moratoria. El Ayuntamiento sabe que al tener el proyecto de urbanización aprobado de forma inicial, se puede seguir con los trámites, y alega que es una ampliación del casco urbano, hecho que permite la ley.

En tal caso, fuentes municipales señalan que ambos planes están a la espera de pasar por la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva. Para los tres proyectos paralizados, el Ayuntamiento mandará una notificación a los promotores o dueños de los terrenos comunicando la paralización por la moratoria.